Partidos
electoreros y dependientes de financistas.
Ernesto Sitamul
La
formación y capacitación de cuadros no tiene ninguna importancia para los
dueños de los partidos políticos, pues los recursos que obtienen de la llamada
deuda política se dedican a actividades que representan réditos electorales, y
no digamos los ingresos provenientes de aportes privados, los cuales responden
a intereses particulares, sean para la elección presidencial, Congreso de la
República, o alcaldías municipales.
Ernesto Sitamul
La
formación y capacitación de cuadros no tiene ninguna importancia para los
dueños de los partidos políticos, pues los recursos que obtienen de la llamada
deuda política se dedican a actividades que representan réditos electorales, y
no digamos los ingresos provenientes de aportes privados, los cuales responden
a intereses particulares, sean para la elección presidencial, Congreso de la
República, o alcaldías municipales.
Esta
triste realidad fue confirmada en 16 entrevistas a igual número de dirigentes partidarios, realizada por la
Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes), como parte de un estudio
titulado “Partidos políticos guatemaltecos: financiamiento e institucionalidad”,
el cual fue expuesto por su autor, el politólogo Hugo Novales, durante un foro público efectuado el pasado martes 25
de noviembre, en el hotel Princess, en la ciudad de Guatemala.
De
conformidad con la Ley Electoral y de Partidos Políticos, estas organizaciones
pueden contar con dos tipos de financiamiento: el público y el privado. El
primero lo consiguen aquellos partidos que en una elección presidencial hayan
obtenido no menos del 5% del total de votos válidos, a razón de dos dólares por
cada uno. Y el segundo es el que gestionan los partidos con personas
particulares.
El
estudio clasifica a los partidos políticos en tres dimensiones (pág. 2) territorial (municipales, departamentales
y nacional); temporal (actividades
permanentes y de la campaña electoral), e institucional
(organización inscrita y vigente en el TSE y organización informal, o como le
llama Novales: “maquinaria electoral”).
Los
partidos guatemaltecos tienen una marcada debilidad institucional, como
consecuencia de las siguientes características (pág. 3): centralistas,
exclusivos, poco institucionalizados, dependencia de liderazgos personalizados,
corta esperanza de vida partidaria, escasa organización legal. Asimismo, tienen
limitada presencia territorial (dueños de los partidos se conforman con tener
el mínimo que les exige la LEPP) y, como consecuencia, en los municipios apenas existe un promedio de cinco partidos.
A la fecha, el Tribunal Supremo Electoral tiene registrados 30 partidos, y en
la próxima contienda podría haber hasta 34, según declaró un comentarista en el
foro ya citado, Julio Donis.
En
general, el financiamiento no público a los partidos conlleva el riesgo de que
provenga de actividades ilícitas, a lo que se suma la falta de regulaciones
específicas para la rendición de cuentas. Otro comentarista en este foro, Enrique Godoy, estima que el
financiamiento de dudosa procedencia alcanza un 30% y que la reforma a la LEPP
debería incluir la obligatoriedad de la rendición de cuentas a los dirigentes
y/o candidatos, bajo la premisa de que éstos reciben aportes de financiamiento
privado, no obstante que la reforma legal de 2006 eliminó los cheques al
portador, y estableció la cuenta bancaria y los libros de contabilidad en las
organizaciones políticas.
Otra
debilidad para el control del financiamiento privado está en los aportes en
especie, de los medios de comunicación durante la campaña electoral. A este respecto,
otro comentarista, Mariano Rayo,
manifestó su acuerdo con la reforma electoral de que sea el TSE quien controle
la pauta publicitaria, pero advirtió que no tardarán en aparecer opiniones
adversas, haciendo creer que con esta normativa se pone en riesgo la libre
emisión del pensamiento. Por cierto, los entrevistados reconocieron la
influencia que tienen los medios, especialmente la televisión, tanto en el
Congreso, como en los partidos políticos,
convirtiéndolos en “financistas sumamente poderosos” (Pág. 7).
El
estudio concluye que las prácticas y normas de financiamiento tienen efectos
sobre la institucionalidad de los partidos políticos, especialmente sobre su
estabilidad. Destaco entre las conclusiones, las siguientes: el financiamiento
personal produce partidos débiles y verticales, dando lugar a que los partidos
crezcan en torno de un financista poderoso. Esta práctica limita la autonomía
partidaria.
Mis conclusiones
1) La Ley
Electoral y de Partidos Políticos debe reformarse para garantizar la rendición
de cuentas de los partidos y la fiscalización del TSE, con apoyo obligatorio en
el cruce de información con la SAT e Intendencia de Verificación Especial del
Banco de Guatemala.
2) Que se
regule el destino del bono político, poniendo acento en la formación y
capacitación de los afiliados.
3) Que el TSE
sea el único que pueda pautar en los medios de comunicación social, para
distribuirlo con criterio técnico (que debe discutirse y aprobarse) entre los
partidos políticos en contienda, como ya figura en la iniciativa de ley de
reformas a la LEPP que, por cierto, cuenta con el visto bueno de la Corte de
Constitucionalidad.
4) Y, finalmente,
en congruencia con el principio de transparencia, basado en la rendición de
cuentas y fiscalización del financiamiento, se debe actualizar el régimen de
sanciones penales, para darle mayor certeza jurídica al cumplimiento de la
norma.
La
Antigua Guatemala, 26 de noviembre de 2014.