Reformas electorales y depuración del Congreso.
La semana pasada, el Congreso de la República, por fin, aprobó en tercer debate un conjunto de reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, en el contexto de reclamos de la sociedad por depurar el sistema político.
Como lo manda la Constitución Política de la República, previo a su aprobación final, el texto debe ser conocido por la Corte de Constitucionalidad, que deberá emitir ,una opinión a favor o en contra, total o parcialmente. Para cumplir con este paso, la CC no tiene plazo establecido en ley.
Pero el pliego de reformas no tiene el beneplácito de los ciudadanos indignados contra la corrupción y la impunidad, porque la propuesta original del Tribunal Supremo Electoral -que interpretó el clamor popular que pedía reformas antes de las elecciones del 6 de septiembre-, al ser discutida y dictaminada por la Comisión Específica de Asuntos Electorales del Congreso, introdujo modificaciones que alteraron el espíritu inicial, razón por la cual algunos de los grupos de indignados solicitan a la Corte de Constitucionalidad ser meticulosa en aquellos artículos que fueron modificados por los diputados.
Por otro lado, un cónclave anual de empresarios que culminó ayer en la capital guatemalteco planteó una conclusión contndente: la depuración de los diputados.
Algunos diputados reelectos tienen cuentas pendientes con la justicia, y según el desenlace de las investigaciones, podrían ser enjuiciados, por lo que les impediría tomar tomar posesión el próximo 14 de enero.
También algunos diputados electos por primera vez afrontar problemas judiciales, que ponen en riesgo su futuro político. Ayer, un diputado electo por el distrito Quiché, fue ligado a proceso y enviado a prisión preventiva.