Financiamiento electoral ilícito
Ernesto Sitamul
El techo de gastos de campaña electoral
en las elecciones generales de 2011 fue de Q.48 millones por partido político o alianza
de partidos, conforme lo determina la Ley Electoral y de Partidos Políticos.
Pero ha sido un secreto a voces, que más de un partido se ha salido de la
tangente, gastando más de la cuenta, en claro irrespeto a la autoridad y la ley.
Las sospechas de financiamiento
electoral ilícito se han comenzado a transformar en verdades, gracias a las
investigaciones del Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la
Impunidad en Guatemala, en el marco del caso conocido como “Cooptación del Estado”.
Cuando apenas está concluyendo la fase de primera declaración, el Juez Miguel
Ángel Gálvez, ya tiene indicios racionales para ligar a proceso a un grupo de
sindicados.
Por ahora, las investigaciones apuntan solo
contra el Partido Patriota, cuyos máximos dirigentes figuran entre los
acusados. En ese partido se habrían cometido las siguientes situaciones de
financiamiento ilegal, en la forma siguiente:
*Recibió aporte anónimos a favor de sus
dirigentes, cuando la ley dice que se deben entregar a nombre del partido; un
financista individual aportó más del 10% del total de gastos de campaña, no obstante
que la ley lo prohíbe, siendo el techo de campaña Q.48 millones, lo más que
podía aportar un solo individuo eran cuatro millones.
*El PP recibió un aporte por más de 10
mil DÓLARES, sin haber levantado acta y exigido la declaración jurada del
generoso donante.
El partido de Pérez Molina y Roxana
Baldetti violó abiertamente la Ley Electoral y de Partidos Políticos, porque al
recibir financiamiento de manera irregular, NO lo registró en libros contables
y, por lo tanto, tampoco podía aparecer en los reportes a la auditoría del
Tribunal Supremo Electoral.
Para cometer estos ilícitos utilizaron estrategias mafiosas para triangular operaciones bancarias,
valiéndose, además, de empresas de cartón.
Gastar más dinero del autorizado para
una campaña electoral significa violar la ley, así como actuar con ventajas
desmedidas sobre sus contrincantes políticos. Acción Ciudadana hizo un
monitoreo solo a los gastos en publicidad de la campaña de 2011, demostrando
que el PP rebasó tres veces el monto establecido.
Con estos datos y los indicios
racionales de financiamiento electoral ilícito, el TSE TSE ya debe proceder a
la cancelación de ese partido. NO es digno que exista.
Jocotenango, 31 de julio de 2016.