Casi 500 asentamientos en zonas de riesgo.
Ernesto Sitamul
El vespertino La Hora, del 10 de
septiembre de 2016, reporta que en la actualidad, existe un aproximado de 490 asentamientos humanos
a nivel nacional, los cuales están
situados en zonas de riesgo, según diagnósticos de la Coordinadora Nacional
para la Reducción de Desastres (Conred).
Y cuando se habla de zonas de riesgo nos
lleva directamente a sucesos fatídicos como El Cambray II, en Santa Catarina Pinula,
donde el año pasado se produjo un trágico deslave de tierra, que provocó la
muerte de centenas de personas.
La semana pasada, en Villa Nueva, hubo 10 muertos, cuando un
muro de contención cedió ante la fuerza del agua de lluvia.
Solo en la ciudad de Guatemala, la
Municipalidad registra unos 280 asentamientos, en sitios riesgosos.
¿Por qué se construyen viviendas en sitios de riesgo?
Amanda
Morán,
del Centro de Estudios Urbanos y Regionales (CEUR) de la Universidad de San
Carlos, atribuye
esta situación a la falta una política de vivienda social, por lo que la gente
de escasos recursos se aviene a construir en zonas de riesgo.
En mi opinión, la construcción de vivienda en sitios de
riesgo es consecuencia de la falta de planificación municipal y falta de un
Plan de Ordenamiento Territorial. El Código Municipal es muy claro
en asignar esta facultar y responsabilidad a los gobiernos ediles.
También existe una responsabilidad de
los diputados y alcaldes, quienes por intereses mezquinos, facilitan esas
construcciones, incluso, gestionando apoyo económico de las instituciones de
gobierno.
Deducir responsabilidades
Por la tragedia del asentamiento El
Cambray, el
exalcalde Antonio Coro y el actual, están sometidos a proceso judicial, luego
que el segundo fue despojado de su derecho de antejuicio, por su
presunta responsabilidad, pues habrían ignorado las recomendaciones de la
Conred.
En Jocotenango, Sacatepéquez, existe una asentamiento conocido
como “El Papelío”, que fue declarado zona de riesgo, por la Conred, desde hace 10
años,
no obstante, la municipalidad ha invertido recursos públicos en el desarrollo
de ese conglomerado social, incluso, el número de viviendas se ha incrementado
por razones de clientelismo político.
Mis conclusiones:
1) El Gobierno de la República debe exigir
que todas las municipalidades cuenten con un Plan y Reglamento de Ordenamiento
Territorial, como lo manda el Código Municipal.
2) Vigilar por medio de Segeplan que
esos planes se cumplan, en beneficio de la vida y el desarrollo de la
comunidad.
3) La Procuraduría de los Derechos debe
abrir expedientes a los alcaldes que consienten zonas de riesgo, con fines
clientelares, poniendo en grave peligro la vida humana.
El Limoncillo, Jocotenango, Sacz, 11 de
septiembre de 2016.