¿A la medida de los políticos?

Analistas cuestionan propuesta de reformas electorales
Ernesto Sitamul                                                                                                                   

Los cambios son parte de un proceso, no se pueden dar todos al mismo tiempo, y por ello, las reformas introducidas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos en 2016, no recogieron todas las demandas sociales planteadas en las protestas de la plaza de la Constitución en 2015. Por eso también se percibe que las reformas son hechas a la medida de los intereses partidistas, concretamente de quienes legislan y de sus financistas.


Esta afirmación fue compartida por Franco Martínez, Coordinador del Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria, y Carlos Rafael Cerezo, de la Fundación Esquipulas, quienes se refirieron al nuevo paquete de reformas a la Ley Electoral y de Partidos, durante el foro público de la Asociación IXIM, celebrado el pasado 9 de agosto, en y con apoyo del Centro de Formación de la Cooperación Española en Antigua Guatemala.
Cerezo mencionó, entre otros puntos, que los partidos políticos intentan hacer una reforma a su medida, para conservar el monopolio de imponer candidaturas, y poniendo trabas para la inscripción de nuevos partidos, al elevar del 0.30% a 0.50% de adherentes del total de empadronados, para ser reconocidos por el Tribunal Supremo Electoral (Ver Art. 19 de la LEPP). Agregó que la democratización interna de los partidos pasa porque los cargos a comités ejecutivos nacional, departamental y municipal sea en forma individual y no por planilla, señalando que la representación de minorías es un engaño, porque quien pierde y disiente del grupo dominante tendrá que dejar el partido para formar otro, pues aquí no hay cabida para el ejercicio del pluralismo político e ideológico.
El moderador también puntualizó que para fortalecer la democracia local se debe separar la elección de alcalde respecto de los concejales.
Por su lado, Franco Martínez cuestionó la propuesta de crear subdistritos electorales para la elección de diputados, afirmando que es una trampa, porque considera que esa figura contradice la Constitución Política de la República. Abogó porque la elección de diputados se haga con listado semiabierto, para favorecer el voto preferente.

En el tema de la paridad de género, Martínez, considera que debe haber más organización de las mujeres para pelear por sus derechos, pero que la paridad pasa por el régimen de cuotas[1], como ha ocurrido en otras democracias, incluyendo las europeas.
También criticó que los diputados que impulsan la propuesta de reformas electorales consideren la figura del Comité Cívico Departamental o distrital, para postular candidatos a diputados, pero que estos comités desaparezcan después de las elecciones. En estas condiciones, explicó, el diputado que sea electo por medio de un comité cívico, al llegar al Congreso, se convertiría en diputado independiente, por lo que no tendría los derechos de quienes sean electos por los partidos políticos.
Cerezo se preguntó ¿Son los partidos o los ciudadanos el centro de la política? Al respecto, Martínez sentenció que la participación ciudadana organizada (no individual) es fundamental para toda reforma del Estado, para formular un proyecto de nación, que “nos mueva la conciencia para comprometernos con los cambios.
Para Franco Martínez, los cambios legales y en el modelo de hacer política solo se reflejarán en el largo plazo; se deduce, pues, que los cambios son parte de un proceso, que no pueden apreciarse de la noche a la mañana.
Al final del foro, se entregó a los asistentes un disco compacto con el texto de la Ley Electoral y de Partidos Políticos y sus reglamentos, incluyendo las reformas que le introdujo el Decreto 26-2016. Este fue posible por el apoyo del Instituto Electoral del Tribunal Supremo Electoral.
Guatemala, 12 de agosto de 2017.


[1] La Corte de Constitucionalidad emitió dictamen favorable a la iniciativa de reforma electoral de 2016, pero al final de cuentas el Congreso la ignoró en la aprobación del Decreto 26-2016, ante la oposición, de la que fue cabeza visible el diputado panista Fernando Linares Beltranena.