Pide antejuicio contra alcalde de San José del Golfo
Ernesto Sitamul
Con este titular publicó elPeriódico (30-08-2017) la noticia de la captura de varios funcionarios y ex funcionarios de la Municipalidad de San José del Golfo, Guatemala, ocurrida un día antes, por la supuesto comisión del delito de retención de información (Art.66, Ley de Acceso a la Información Pública).
Según la publicación, estas “acciones se derivan de dos denuncias que llegaron al Ministerio Público (MP) en torno a la ocultación de datos sobre honorarios, dietas, bonos, viáticos o cualquier otra remuneración económica que perciben los miembros del Concejo”.
Por este motivo, el MP presentó solicitud para despojar al alcalde, Rocael Chamalé Enríquez, su derecho de antejuicio. Además, fueron capturadas nueve personas entre exfuncionarios y trabajadores de la comuna.
La Fiscalía determinó que ese Concejo Municipal (2008-2012), aprobó el Acta 32-2009, de fecha 23 de abril de 2009, donde “clasifica la información y declara como confidencial toda aquella relativa a datos personales o datos sensibles de vecinos, personal y funcionarios municipales”, confirmó la Secretaria del MP, Mayra Véliz.
El alcalde de San José del Golfo ya tenía una denuncia penal, presentada por el anterior PDH, Jorge de León Duke, desde el 10 de octubre del año pasado.
Entre los capturados figura Mirna Herrera, encargada de la Unidad de Acceso a la Información Pública.
Estos casos no son nuevos. El año pasado, el alcalde de Momostenango, Totonicapán, Augusto Quiñónez, fue despojado de su inmunidad por resolución de la Sala Quinta de la Corte de Apelaciones, por incumplir los preceptos de la Ley de Acceso a la Información Pública. A la fecha, el MP investiga 120 denuncias relacionadas con incumplimiento de esta normativa, contenida en el Decreto 57-2008.
Mis conclusiones:
Ninguna autoridad o empleado público puede alegar desconocimiento de la ley. La norma sobre acceso a la información pública ha sido ampliamente divulgada por la Procuraduría de los Derechos Humanos.
Diversos informes de supervisión de la PDH indican que entre los empleados públicos, los municipales son los más señalados de cumplir esta ley.
Es evidente que el alcalde de San José del Golfo no atendió las recomendaciones de la PDH, y por ello, fue denunciado en el Ministerio Pública, desde el 10 de octubre de 2016.
Antigua Guatemala, 30 de agosto de 2017.