Ernesto Sitamul
Bajo
el título “Baja ejecución marca gestión de alcaldesa”, el diario Prensa Libre (pág.
19) publicó el pasado 16 de enero un artículo de página completa sobre la
gestión municipal antigüeña, que encabeza Susana Asensio, tras cumplir dos años
en el cargo, durante los cuales han engordado los recursos propios municipales
en los bancos, en perjuicio de la inversión pública a favor de las aldeas y
otros sectores vulnerables.
El
sitio www.ciudadaniactiva.com
publicó a finales de diciembre pasado, que el incumplimiento de deberes ha
caracterizado la actual administración municipal de la ciudad colonial,
mencionando entre los responsables a la alcaldesa, así como a los concejales y
síndicos, quienes en conjunto han sido incapaces de fiscalizar de manera
efectiva y eficiente a la jefa edil. En junio de 2017, la Contraloría General
de Cuentas había señaló que el Concejo Municipal tiene la responsabilidad de aprobar,
controlar la ejecución, “evaluación y liquidación del presupuesto de ingresos y
egresos del municipio en concordancia con las políticas públicas del municipio,
según el artículo 35 del Código Municipal[1]”.
Pero
la baja ejecución presupuestaria y sus efectos perniciosos no le preocupan a la
alcaldesa. La ineficiencia en el gasto social la justifica con facilidad y
comodidad, diciendo que la ley anticorrupción la recibió en el cargo y que la Ley
de Contrataciones del Estado fue modificada en SEIS ocasiones, durante los
últimos dos años, lo cual es una mentira o una verdad medias. Efectivamente,
esa ley sufrió cambios en tres años consecutivos, de 2015 a 2017[2].
O sea, no es cierto que haya habido seis cambios, y de los tres que realmente
se llevaron a cabo, solo dos tuvieron lugar durante la administración municipal
vigente.
Otra
cuestión que no abona a su afirmación es que los cambios fueron impulsados
-precisamente- por las municipalidades, por medio de la Asociación Nacional de
Municipalidades, encabezada por su presidente Edwin Escobar, a la vez, alcalde
de Villa Nueva, con el propósito de facilitar los trámites de licitaciones y
cotizaciones, para la adquisición de bienes y servicios. Por lo tanto, la
justificación que esgrime la alcaldesa también carece de sustento político.
Algunos
datos del Ranking de Gestión de las Municipalidades (2016) revelan bajas
calificaciones de desempeño de la Municipalidad de Antigua Guatemala, que
explican en alguna medida la ejecución presupuestaria del 51.9% durante 2017.
En los seis índices que incluye dicho ranking, esta comuna aparece muy mal
posicionada.
Por
ejemplo, en el rubro de servicios públicos, la municipalidad antigüeña, figura
en el puesto 14 del departamento de Sacatepéquez y en el puesto 200 a nivel
nacional. En gestión administrativa, la posición no podía ser peor: número 16
en el departamento y 312 a nivel nacional. No obstante, en gestión financiera
tiene el primer lugar en el departamento y posición 6 a nivel país, aunque como
lo dijo el ex director financiero, Santiago Pamal, la responsabilidad de gastar
el presupuesto no le corresponde, sino solo pagar los requerimientos de las
unidades ejecutoras, siguiendo las normas presupuestarias establecidas.
Si
la casa ya está ordenada, después de dos años. Si ya aprendió las lecciones de
la Ley de Contrataciones del Estado, se esperaría que en 2018 se incremente la
ejecución presupuestaria de inversión social, aunque sus detractores asocien
este giro con supuestas ambiciones reeleccionistas de la alcaldesa.
Barrio
La Cruz, Pastores, 20 de enero de 2018.