No se meta en la política,
es peligrosa
Ernesto Sitamul
En
los años 80 del siglo pasado escuchaba expresiones adultas en contra de la
política partidista. Una de las razones de esa afirmación era el riesgo, porque
cobraba fuerza en ese entonces el conflicto armado. Otra razón podía ser las
prácticas partidistas alejadas de la realidad, porque se basaban en mentiras o
en ofrecimientos vacíos de contenido, difíciles de cumplir desde el gobierno.
Aquel pensamiento de “no
meterse en política” (entiéndase las
actividades y prácticas de los partidos políticos para alcanzar el poder), ha calado
mucho en el corazón y la mente de los jóvenes, quienes han cedido a la
indiferencia, dejando grandes vacíos de participación real en la toma de
decisiones. Este fenómeno solo ha favorecido el statu quo, donde los
grandes beneficiarios han sido los pocos ciudadanos que se involucran en las
organizaciones partidarias, manejando los asuntos de interés público a sus
anchas para fortalecer un sistema perverso de privilegios, hasta llegar a la
crisis actual en que esos pocos que se meten a los partidos políticos han
llegado al descaro de considerar la corrupción y la impunidad en Guatemala,
como algo completamente “normal”.
Ha habido, pues, un
cuestionamiento generalizado a la institucionalidad de la política, cuyos
sujetos principales son los ciudadanos y las organizaciones políticas, llevando
a la sociedad guatemalteca a una especie de despolitización. Incluso, he escuchado en no pocos casos -y hasta en
la universidad- la expresión “yo no soy político”, negando su propia esencia
humana, cuando lo que realmente quieren decir es que no pertenecen a un partido
político. Aún
en este caso, es lamentable la posición de quien lo expresa, porque su posición
conlleva una forma de renunciar al ejercicio de sus derechos políticos.
Al descrédito general de
la clase política, se suman dos factores que limitan a los ciudadanos, su
posible incursión en la vida político partidista. Los ejemplos más relevantes
los encontramos en los estatutos de algunas organizaciones de la sociedad civil
y en los consejos comunitarios de desarrollo. Analicemos:
En
los estatutos de algunas organizaciones encontramos que sus dirigentes y
afiliados no pueden pertenecer a un partido, o ser candidato a un cargo de
elección popular; caso contrario, deben renunciar. Los estatutos, en el caso de
las OSC, deben ser aprobados con su personalidad jurídica, por el Registro de
Personas Jurídicas, del Ministerio de Gobernación. Los estatutos son elaborados por las
personas interesadas en formar la organización. O sea, se trata de una
autoregulación.
El otro caso que limita la
politización de la ciudadanía figura en la aplicación de normas no escritas en
el funcionamiento de los consejos comunitarios de desarrollo, conocidos como
Cocodes. El Decreto 11-2002 y su Reglamento no prohíben que lo
directivos del Órgano de Coordinación (directiva), puedan involucrarse en
organizaciones políticas y postularse a un cargo de elección popular. Sin
embargo, en la práctica los directivos deciden que participar en política
partidaria el interesado deba renunciar a su cargo. En lenguaje coloquial, quienes así actúan
en los Cocodes indican que de esta manera se evita críticas de la comunidad de
que se aproveche la organización comunitaria para sus intereses particulares.
Un tercer caso que juega
en contra de la politización de los ciudadanos es que los Juntas Electorales
Municipales y Departamentales, no pueden incluir entre sus miembros a quien sea
directivo de partido político. En la
Ley Electoral y de Partidos Políticos (Lepp) no se menciona esta limitación
para el caso de los miles de ciudadanos que participan en las Juntas Receptoras
de Votos (JRV), pero tengo conocimiento sí se aplica esta limitación. Otro
tanto ocurre con los integrantes de las misiones nacionales de observación
electoral.
Conclusiones
(1).
Se ha instalado en la mente colectiva de los guatemaltecos una forma de
satanizar lo político partidista, con la aberrante mentira de que “la política
es sinónimo de corrupción”, como lo expresa el sociólogo Manuel Villacorta, en
su columna de opinión publicada en Prensa Libre[1].
(2).
La autoregulación reglamentaria interna de algunas OSC y/o las reglas no
escritas que limitan la acción política de los ciudadanos, se confabula con los
privilegios monopólicos que tienen los partidos políticos, incluso, postulando
candidatos en distritos donde tienen organización legal. (3).
La Ley Electoral y de Partidos Políticos también contribuye a limitar la
dinámica política de los ciudadanos, cuando prohíbe que los miembros de Juntas
Electorales Departamentales y Municipales, puedan ostentar cargo directivo en
un partido; prohibición que se hace extensiva a los miembros de las Juntas
Receptoras de Votos, aunque en este caso sea de manera arbitraria y
discrecional.
San
Carlos Sija, 8 de mayo de 2018.
[1]
Cinco mentiras que debemos rechazar, publicado en Prensa Libre, el 7 de mayo de
2018.