 |
| Participantes en diplomado sobre Normas Electorales. |
Por: Eddie Fernández[1]
Apreciadas amigas y
apreciados amigos que nos acompañan hoy, tengan todos una excelente mañana.
Diplomado Normas Electorales y Participación
Ciudadana
La importancia de la
participación ciudadana en la conducción del Estado es reconocida desde hace 32
años, y durante estos tres decenios han ocurrido avances principalmente
formales en cuanto al tema, mientras que en la práctica se han producido
acciones muchas veces contrarias a su desarrollo. ¿Qué
ha pasado? Lo sabemos. ¿Por qué ha pasado? Comenzamos
a entenderlo. ¿Qué oportunidades de impulsar el
tema tenemos? Las analizaremos. ¿Cómo lo
haremos? Es lo que debemos discutir.
Modernización del Estado y Participación
Ciudadana
Se puede decir que la
modernización del Estado, y el fomento de la participación ciudadana, como un
requisito para ésta, tuvieron sus inicios en 1985 con la promulgación de una
nueva Constitución y la vuelta a gobiernos electos democráticamente.
*En esta Carta Magna se
incluyó el mandato de integrar el Sistema de Consejos de Desarrollo Urbano y
Rural, y en 1987 se emitió la primera ley del Sistema, pero presiones políticas
e intereses militares lograron que el gobierno desistiera de su implementación.
En 1988 la Corte de Constitucionalidad declaró inconstitucionales los Consejos
Locales de Desarrollo y el Sistema se desactivó.
**Para 1994 el gobierno
de Ramiro De León Carpio trató de revivirlo asignando presupuesto a un fondo
social que financió obras de infraestructura, pero sin llevar a cabo el proceso
de planificación participativa.
***La firma de los
Acuerdos de Paz sería el siguiente paso importante en el desarrollo de la
participación ciudadana, con el compromiso de fortalecer el marco legal
relacionado al tema, y el objetivo de que el Estado y el gobierno desarrollaran
mecanismos para escuchar mejor a la población para satisfacer efectivamente sus
necesidades.
****Producto de estos
compromisos, en 2002, se emitió la reforma de la Ley de Consejos de Desarrollo
y al Código Municipal, y la Ley General de Descentralización.
A partir de este año los
temas relacionados con estas normativas pasaron a formar parte importante del
discurso y de algunas acciones de todos los gobiernos, así como de las
iniciativas que trabajaban desde lo local en el desarrollo del país.
Pero ninguno de los
cinco gobiernos que se han sucedido desde 2002 se ha apropiado de estas tareas ni
las ha impulsado como se necesita; al contrario, todos han ejecutado acciones que
desmotivan la participación de la población. Veamos algunos ejemplos.
Promoción de la participación ciudadana
Durante el gobierno del
presidente Alfonso Portillo fueron emitidas las leyes relacionadas con la
participación ciudadana y se duplicaron las transferencias a las
municipalidades. Pero se recuerda que fue durante esta administración que se reactivó
la organización de las Patrullas de Autodefensa Civil, con resultados controversiales.
También tenemos
memoria de que fueron suscritos al final del mandato los convenios de cooperación
con la Comisión Europea para la ejecución de los dos proyectos de cooperación
internacional más grandes en relación con el fortalecimiento municipal y la
participación ciudadana, que invirtieron casi Q350 millones, los cuales
levantaron grandes expectativas, pero que al final tuvieron impactos muy
limitados.
Durante el mandato de Óscar
Berger se evidenciaron fortalezas organizativas de la sociedad civil, rural,
principalmente, con la organización de pueblos indígenas en relación con el
aprovechamiento de los recursos naturales de sus territorios.
Desde aquellos
años hasta ahora se han realizado en diferentes municipios 76 consultas
comunitarias de buena fe, tomando como base el Convenio 169 de la Organización
Internacional del Trabajo, el Código Municipal y la Ley de Consejos de Desarrollo.
En la mayoría de los
casos, las comunidades han rechazado las actividades de aprovechamiento de
recursos naturales que se pretenden, como minería e hidroeléctricas, para las
cuales el gobierno central ha autorizado licencias de diferentes tipos.
El Ejecutivo y el
Congreso han desestimado los resultados de estas consultas y el primero nunca
contó con una entidad interlocutora con las comunidades involucradas. Hasta
hace unos meses el asunto fue retomado.
Durante el
gobierno de Álvaro Colom en lugar de fortalecer la institucionalidad existente
para la planificación participativa, se creó otra paralela con el Programa de
Cohesión Social, que coordinó la asistencia del gobierno hacia los municipios con más
altos grados de pobreza del país. Nunca se aclaró cuál era el vínculo de esa
institucionalidad con el sistema nacional de planificación del desarrollo, y la
actitud de este gobierno ante las consultas comunitarias no fue diferente a la
del gobierno anterior.
En el
gobierno de Otto Pérez Molina, por el lado de la participación ciudadana
sistemática, fue relevante que se construyó el Plan Nacional de Desarrollo
Katun, Nuestra Guatemala 2032, en el marco del Sistema de Consejos de Desarrollo, lo que
implicó un impulso a ese mecanismo, pero como en la administración previa, fue
creada una institucionalidad específica a cargo de las planificaciones y
ejecuciones más importantes.
Con base
en lo anterior se puede concluir que la promoción de la participación ciudadana
ha sido un tema políticamente correcto de mencionar, conocer y abordar, pero
por sus potencialidades de transformar el estado de las cosas se ha evitado
llevarlo a la práctica en un esfuerzo nacional. Al estatus quo no le conviene la
auditoría social, la transparencia, la rendición de cuentas, los presupuestos
participativos ni la democratización de las organizaciones.
Como todos sabemos, el
gobierno pasado llevó al máximo la exasperación de la población por los altos
grados de corrupción e ineficiencia de la administración pública, lo que motivó
movilizaciones y una forma de participación que hacía tiempo no se expresaba
con tanta intensidad ni había logrado resultados tan importantes.
Las
manifestaciones de la ciudadanía coincidieron con otros factores para provocar
la salida del gobierno del presidente Otto Pérez Molina y la vicepresidenta
Roxana Baldetti. Las acciones del Ministerio Público (MP), respaldadas por la Comisión
Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y el apoyo de la
embajada estadounidense, fueron otros elementos que contribuyeron a la renuncia
de los funcionarios mencionados y al posterior enjuiciamiento de ellos y buena
parte de su equipo de gobierno.
Por
primera vez, además, se está llevando a los tribunales no solo a los supuestos
corruptos, sino a los supuestos corruptores, entre ellos prominentes
empresarios.
En este contexto la
ciudadanía cobró consciencia de cómo funcionaban los partidos políticos y la
relación directa entre los desmesurados y oscuros aportes de campaña electoral
y los malos manejos en la administración pública: el pecado original de la
democracia guatemalteca.
A raíz de estos hechos, en
el marco de la lucha contra la corrupción se ha puesto en discusión de lo que
es capaz la ciudadanía participativa e involucrada en los asuntos de interés
público. Asimismo, la necesidad de desarrollar su involucramiento cotidiano,
más allá de las elecciones.
Como una muestra de
madurez se interpreta el hecho de que los guatemaltecos hemos discutido la
necesidad de cambiar la organización estatal y no solo un gobierno que se
aprovecha de sus deficiencias.
Entonces surgió el afán ciudadano por empujar
cambios estructurales en el Estado. Y al cumplimiento parcial de este propósito
respondieron las modificaciones impulsadas a la Ley Electoral y de Partidos
Políticos de 2016, que entre otras medidas trascendentales regulan el uso de
los medios de comunicación por parte de los partidos políticos; limitan y
controlan los aportes a las actividades de estos, y establecen destino
específico hacia la formación de afiliados para una parte de los aportes que
reciben.
Estas medidas, junto con
el fortalecimiento del estado de derecho y de la cultura de legalidad, plantean
un escenario totalmente diferente para la ciudadanía, los partidos políticos y
el Tribunal Supremo Electoral.
Este escenario se percibe lleno de
potencialidades, para que la participación social sea mucho más efectiva,
contribuya a la gestión de políticas públicas eficientes y mejore la gobernanza
en el país, como nunca antes ha ocurrido.
*Los partidos políticos,
a regañadientes, comienzan a abrir espacios para nuevos liderazgos, y eso es
una gran posibilidad de cambio.
*En este momento debemos reflexionar, con
base en los conocimientos adquiridos en este diplomado que hoy se clausura, sobre
el impacto de la reforma electoral en la participación ciudadana desde tres
perspectivas: nacional, partidaria e institucional.
1. Nacional. Existe desde el año 2002 un marco
legal para la participación ciudadana en Guatemala. Pero las principales
limitantes para la puesta en práctica de estas normativas, que buscan
fortalecer la democracia participativa, están vinculadas principalmente con la
corrupción en la obra pública y la cultura autoritaria. Sobre esto convendría
indagar:
·
¿Si los cambios a la LEPP contribuirán con la efectividad de
los mecanismos estatales de participación?
·
Y ¿Cómo afectarán la dinámica de los Consejos de Desarrollo
Comunitarios, Municipales y Departamentales las restricciones y controles
impuestos a los partidos políticos en términos de finanzas y uso de medios para
propaganda?
2. Partidaria. Acerca de los partidos políticos se
ha reconocido que han funcionado como maquinaria electoral con capacidad de
condicionar el voto, cooptar líderes, “acarrear” votantes, y que son
estructuras propiedad de determinadas personas, establecidas de manera
antidemocrática. Acerca de este tema convendría explorar:
·
¿Cómo cambiarán las formas de hacer proselitismo por parte de
los partidos políticos?
·
¿Mejorarán las posibilidades de que el interés público domine
entre la ciudadanía para integrarse a una organización política?
·
¿Qué cambios deberán efectuar los partidos políticos para
aproximarse a la ciudadanía y convencerla de ser merecedoras de su voto?
3. Institucional. Debemos pensar:
·
¿Cuáles son las razones por las cuales las autoridades
electorales asumen funciones en promoción de la participación cívica y
política?
·
¿Qué formas de participación ciudadana son puestas en
práctica en el marco legal específico de ésta y fuera de él?
·
¿Qué esfuerzos han impulsado entidades estatales para que la
ciudadanía incida en políticas públicas?
·
¿Qué espacios de incidencia para la población se ofrecen en
el proceso de las políticas públicas guatemaltecas?
Para finalizar quiero
decir que el marco legal está cambiando, el ánimo social se está transformando
y algunas instituciones muy importantes se están fortaleciendo. Todos debemos
detenernos a observar, comparar y contrastar, con la finalidad de saber ocupar
los nuevos espacios que se abren para quienes anteponemos el interés público. Sabemos que este
diplomado será de mucha utilidad para ese cometido. Felicitamos sinceramente a
la Asociación IXIM por organizarlo y esperamos poder profundizar nuestra
cooperación con ustedes. Muchas
gracias.
[1] Discurso de Lic. Eddie Fernández,
Director del Instituto de Capacitación Cívica, Política y Electoral, del
Tribunal Supremo Electoral, en el acto de clausura del diplomado “Normas
Electorales y Participación Ciudadana”, de Asociación IXIM, el sábado 10 de
noviembre de 2018, en el Palacio de los Capitanes Generales, Antigua Guatemala.