De la trinca infernal al pacto de corruptos
Ernesto Sitamul
El 14 de enero de 1991, se instalaba
en Guatemala el segundo gobierno de la era democrática, iniciada cinco años
antes. Tomaba posesión el ingeniero y reconocido orador Jorge Antonio Serrano Elías
(protestante), después de ganar la Presidencia en segunda elección, siendo
candidato del partido Movimiento de Acción Solidaria (MAS). No obstante, en la
primera, o sea en elecciones generales, ocupó la segunda posición, superado por
el periodista Jorge Carpio Nicolle (propietario de diario El Gráfico), quien
fue candidato por el partido Unión del Centro Nacional (UCN)
Con una bancada minúscula en número
de diputados y falta de interlocución fuerte dentro del Congreso, las cosas
entre el Ejecutivo y el parlamento podían volverse complicadas para impulsar
reformas legales o nuevas leyes, del primero, para apuntalar el programa de
gobierno, ofrecido a los electores en campaña. En este entorno, la bancada del MAS fue
presa de partidos y políticos más fogueados, como algunos de la UCN y de la Democracia
Cristiana Guatemalteca (DCG); ambos habían sido protagonistas relevantes en las
decisiones del Congreso, en los cinco años precedentes. Tenían colmillo,
experiencia y “mañas”.
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| imagen tomada de Google |
Más adelante, esa alianza partidaria
fue conocida popularmente como la “trinca infernal”. Por diversas acciones de
estos líderes políticos, la opinión pública los cuestionaba por no responder a
los intereses nacionales, sino especialmente a los intereses de la poca gente
que históricamente ha mantenido privilegios indebidos. A pesar que los oficialistas eran parte de
la plataforma del poder legislativo, el mandatario comenzó a tener problemas de
relación con el Congreso para pasar sus iniciativas de ley. Para 1993, ya se habían fraguado arreglos mañosos
y ocultos para exigirle al Presidente de la República una especie de
“recompensa” por apoyarle en sus iniciativas. Realmente se trataba de una vil
extorsión de la alianza tripartita, llamada popularmente “trinca infernal”.
Por fin, llegó un momento que esa
descomposición de la práctica política caló en el ánimo del presidente Serrano
Elías. Encerrado
en un callejón sin salida, dispuso por sus propias pistolas dar un golpe de
Estado (golpe técnico se ha dicho también), que abolía el Congreso, cambiaba la
Corte Suprema de Justicia, y al Procurador de los Derechos Humanos, entre
otros. Por lo anteriormente descrito, se puede afirmar que los
arreglos bajo la mesa no son nada nuevo. La corrupción es histórica y está
arraigada en las estructuras del Estado, habiéndose extendido peligrosamente a
la sociedad de manera horizontal. Incluso, parte de esa sociedad ha llegado al
extremo de considerar la corrupción y la impunidad como normal en la vida
cotidiana
¿En qué se aparecen las dos situaciones?
La corrupción está presente y ha
penetrado en lo más hondo del sistema. Sigue reinando la impunidad en la
aplicación de la justicia; la captura del Estado es más notoria. Se han afinado
los hilos del poder entre los interés económicos y mafiosos, y los financistas de
campañas electorales se ha han convertido en dueños no declarados de los
partidos políticos.
Al igual que en 1991, con la trinca
infernal, ahora, 27 años después, tenemos una versión modificada de esa trinca,
encarnada en el pacto de corruptos. Este grupo está integrado por diputados de tres partidos,
el oficialista, Vamos, Todos y Unión del Cambio Nacional (UCN); además, tiene
algunos aliados naturales, vinculados con grandes casos de corrupción, investigados
por la CICIG y, en la actualidad, por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI-Ministerio Público).
Hoy, ese pacto ataca, cuestiona y
desobedece sentencias
de la Corte de Constitucionalidad; no
ataca al Presidente
de la República; hoy, al igual que antes, ese pacto de
diputados quiere una justicia a su medida, por eso arremete
de manera artera contra cuatro magistrados de la Corte de
Constitucionalidad. Hoy, al igual que hace 27 años,
la justicia ha sido politizada. Hoy, igual que hace 27 años,
la independencia judicial está
debilitada, favoreciendo
grandes intereses, completamente
ajenos al interés nacional.
A pesar de todo, en 1994 se logró la
depuración del Congreso, aunque quedaron “manzanas podridas”; hoy, con el pacto
de corruptos esa depuración parece impensable, aunque no imposible, si la
mayoría del pueblo se une, como ocurrió
en 2015, cuando fue expulsado del poder el gobierno patriotista.
Hace 27 años, por el camino
incorrecto el mandatario quiso cambiar la Corte Suprema de Justicia; hoy, los
diputados del pacto de corruptos legitiman un proceso viciado en las Comisiones
de Postulación, para elegir magistrados cuestionados por diversas
irregularidades y por sus vínculos con operadores políticos ajenos al proceso,
como Gustavo Alejos Cámbara.
El diagnóstico clínico indica que el estado actual de la
administración de justicia es grave, porque favorece la impunidad y los
privilegios de unos pocos. El sistema de elección de magistrados a la Corte
Suprema de Justicia y Corte de Apelaciones está totalmente agotado. Y no basta con modificar la Ley de
Comisiones de Postulación; es impostergable una reforma constitucional al
sector justicia, según la resolución de la Corte de Constitucionalidad,
identificada con el número 1169-2020, de fecha 6 de mayo del corriente año.
Cabe recordar que una propuesta de
reforma
a la Constitución en ese ya se había
iniciado
en el año 2015. Todavía a principios
2016,
la propuesta era impulsada por los
presidentes
de los tres poderes del Estado; sin
embargo,
el movimiento corrupto, engendrado en
el
Congreso y aliados externos, tiró por
borda esa propuesta.
Antigua Guatemala, 21 de julio de
2020.
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Para conocer más sobre la trinca infernal y el “serranazo”.