Temeraria propuesta de reforma electoral
Ernesto Sitamul
El pasado 15 de enero elPeriódico (pág. 5) publicó una nota sobre la iniciativa ley presentada por el diputado Rudio Lecsan Mérida (ex director de la PNC y ex FRG) para reformar 24 artículos de la Ley Electoral y de Partidos Políticos. Este diputado abiertamente está en contra de la transparencia y la fiscalización a los partidos. Me parece que es una propuesta regresiva, porque va en contra la transparencia y la fiscalización.
Este diputado quiere que se elimine la
fiscalización de la Contraloría General de Cuentas. No obstante, cabe recordarle que los partidos reciben
financiamiento público. Tampoco le gusta que estas organizaciones tengan que
presentar informes a la SAT, la Superintendencia de Bancos y la
Superintendencia de Telecomunicaciones. Mérida quiere regresar a tiempos
oscuros del financiamiento político, porque también propone restablecer que los
partidos y los candidatos puedan recibir contribuciones anónimas, o sea,
cheques al portador. Esto es peligroso, al sistema democrático, porque
significa abrir las puertas “de par en par” al dinero sucio, proveniente del
narcotráfico y otras bandas criminales.
La ponencia de este diputado es temeraria. A
juzgar por la publicación periodística, además de permitir que los partidos
reciban toda clase de donaciones, también quiere que se eliminen los registros
contables. O sea, quiere eliminar todo rastro del dinero mal habido que ingresa
a los partidos, o el dinero de aquellos empresarios, que solo han querido
“salvar la democracia”, con aportes millonarios anónimos, como ocurrió con el
financiamiento a la campaña del mal recordado Jimmy Morales (2016-2020), según
fue documentado por la Comisión Internacional Contra la Impunidad (Cicig). Estoy
de acuerdo que la Lepp no es intocable, que tiene imperfecciones, que deben
corregirse. Pero toda reforma debe propender a mejorarla. La ley debe ser
sencilla, comprensible, neutra y general, evitando la discrecionalidad de la
autoridad, en este caso del Tribunal Supremo Electoral.
Mis conclusiones
1. Aunque los diputados tienen la atribución y
la libertad de proponer iniciativas de ley, siempre deben tomar en cuenta la
opinión de la ciudadanía. En el caso de la Lepp, la Comisión de Modernización y
Actualización Electoral (Came) ya evaluó la aplicación de la ley en las pasadas
elecciones y entregó un informe extenso a los magistrados actuales del TSE.
2. Toda reforma a la Lepp debe ir solo en el
sentido de mejorarla, para fortalecer nuestra incipiente democracia. Es
inaceptable que se pretenda eliminar todo el sistema de fiscalización a los
fondos públicos y privados que manejan los partidos políticos, porque contraviene
la Constitución, en materia de publicidad, transparencia y fiscalización.
3. Pienso que esta propuesta fue elaborada por
encargo. Distrae la atención de la opinión pública. No obstante, debe
recordarse que el diputado Lecsan Mérida, del partido Humanista, es aliado de la
pandilla de diputados que controla las grandes decisiones del Congreso. Juzgue
la opinión pública.
4. Las reformas a la Lepp deberían ser aprobadas
este año, para que se puedan implementar en las elecciones de 2023. A la fecha
no he leído, que los magistrados del TSE hayan presentado al Congreso de la
República una propuesta de reformas, a pesar que la Lepp indica que esa
iniciativa deberá conocerse antes que finalice el primer período de sesiones
del año siguiente a las elecciones.
5) Además, las reformas deben someterse a amplio
debate en la Comisión de Asuntos Electorales del Congreso, en las bancadas,
dando participación a la ciudadanía. Por cierto, durante las jornadas de la
Came, varios líderes de organizaciones de sociedad civil propusieron dar
acompañamiento a una posible iniciativa del TSE.
6) Insisto en algunas reformas vitales para
fortalecer la democracia: i) revisión y fortalecimiento de las normas de
fiscalización al financiamiento a los partidos, recordando que éste constituye
el pecado original (según estudio de la CICIG), y que ese es el mecanismo de cooptación
del Estado; ii) regular que los partidos solo puedan inscribir candidatos en
los distritos donde tengan organización vigente (para diputados y corporaciones
municipales); iii) fortalecer el sistema igualitario de acceso a los medios de
propaganda para la campaña electoral, iv) evitar la judicialización de los procesos
electorales. Para el efecto, las resoluciones del TSE solo serán apelables ante
la Corte de Constitucionalidad, v) si la reforma se hace tardía, generará un
clima de inseguridad jurídica para las próximas elecciones. Hay que tomar en
cuenta que estos magistrados son novatos en dirigir elecciones, y, además,
cometieron un grave error: “desmochar” a los mejores funcionarios del tribunal,
desde su llegada. En un ambiente de caos, los corruptos son los que más se
benefician, en perjuicio de los candidatos que tienen menos recursos.
Antigua Guatemala, 20 de enero de 2021. Foto tomada de Google.