Le salió el tiro por la culta
El pasado 25 de enero, la opinión pública conoció el informe de una Misión Especial de la Organización de Estados Americanos (OEA) que estuvo en Guatemala, del 28 de noviembre al 2 de diciembre de 2020, a pedido del Presidente de la República, Alejandro Giammattei, quien para ello invocó la Carta Democrática Interamericana, bajo el supuesto de que las protestas que desencadenó la amañada aprobación del presupuesto de 2021, conllevaba amenazas de golpe de Estado.
Giammattei se hacía la víctima. Se valía de los hechos vandálicos ocurridos en el Palacio Legislativo, los cuales siempre fueron considerados por mucha gente, como un operativo tipo militar para deslegitimar la protesta pacífica y justificada de la ciudadanía. Además, con la invocación de la Carta Democrática se trataba de explicar el uso excesivo de la fuerza policial en contra de los manifestantes, cuando éstos llegaron a la Plaza de la Constitución, en aquella jornada histórica del 21 de noviembre.
Pero su jugada no le salió al mandatario, como lo explica el editorial de diario La Hora, en su edición de 26 de enero: “El reporte ha sido lapidario porque a la falta de transparencia en los asuntos públicos, los enviados señalan la corrupción y la impunidad como causas justificadas del descontento ciudadano, destacando la forma en que fue aprobado el presupuesto general de la Nación”. En pocas palabras, invocar la Carta Democrática para defender al gobierno, bajo el supuesto de un golpe de Estado, no le funcionó a Giammattei, y más le salió el tiro por la culta. En el siguiente enlace puedes leer el editorial citado. https://lahora.gt/oea-corrupcion-e-impunidad/
La misión especial, encabezada por el argentino
Fulvio Pompeo, después de reunirse con diversidad de representantes de la
sociedad guatemalteca y de la comunidad internacional, elaboró un informe donde
hace hincapié en algunos temas:
1. La percepción sobre corrupción e impunidad;
2. La falta de transparencia en los asuntos
públicos;
3. La conformación del presupuesto 2021 y el
procedimiento legislativo para su aprobación;
4. La omisión legislativa en la designación de
magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de
la Corte de Apelaciones;
5. La necesidad de garantizar un procedimiento transparente
para la renovación de la Corte
de Constitucionalidad;
6. La preocupación sobre los criterios de
competencia de la Corte de Constitucionalidad;
7. La falta de canales de comunicación adecuados
entre las autoridades del Estado;
8. La garantía del derecho a la protesta social;
9. El uso de la fuerza pública en las
manifestaciones y las presuntas agresiones contra personas
y bienes públicos;
10. Conocer los avances sobre las
investigaciones que lleva a cabo el Ministerio Público por estos sucesos; y
11. La necesidad de contar con mecanismos permanentes de interlocución multisectorial.
Entre las recomendaciones, menciono algunas:
1. La
percepción sobre corrupción e impunidad;
Realizar esfuerzos para fomentar la
integridad, la honestidad y la responsabilidad de los funcionarios públicos, a
partir de una nueva Ley del Servicio Civil y de las reformas necesarias a la
Ley Electoral.
Es deseable que se establezcan programas
integrales de capacitación permanente de lucha contra la corrupción e
impunidad.
Llevar
a cabo una actualización de los Códigos de Ética y Conducta vigentes para los
tres
Poderes del Estado.
Los tres Poderes del Estado deben realizar un
esfuerzo proactivo para dar a conocer y difundir los mecanismos de denuncia de
actos de corrupción al interior de las instancias del Estado.
Adoptar una campaña de información
gubernamental dirigida a la población en general sobre las vías que existen
para denunciar actos de corrupción.
Garantizar una adecuada investigación,
enjuiciamiento y sanción de los actos de corrupción.
Las Fiscalías competentes deben continuar
investigando presuntos actos de corrupción y deben redoblar esfuerzos para
iniciar investigaciones de oficio. Sería conveniente un adecuado
aprovechamiento de las capacidades institucionales y una mejor distribución de
casos entre las fiscalías.
El Poder Judicial debe redoblar esfuerzos para
emitir sentencias en aquellos casos en los que esté probada la comisión de
actos de corrupción.
2. La transparencia en los
asuntos públicos;
Procurar que los mecanismos de acceso a
la información promuevan la rendición de cuentas y la transparencia, y permitan
el debate público de la gestión gubernamental.
Es fundamental y urgente adoptar medidas
que garanticen la transparencia en el ejercicio gubernamental, la prevención de
la corrupción y la provisión efectiva de servicios públicos.
Implementar mecanismos para fortalecer
las instituciones públicas con el fin de que sean transparentes, efectivas y cuenten con
mecanismos de participación ciudadana.
Fomentar procesos de participación
ciudadana incluyentes, el intercambio de conocimientos en temas de gobierno abierto, transparencia y
fiscalización del Estado.
Trabajar en conjunto con la sociedad
civil en el proceso de formulación del plan de desarrollo y del presupuesto, e
incluir mecanismos de veeduría ciudadana en la implementación de compromisos
que se acuerden desde los diferentes niveles de gobierno.
Continuar con la implementación de la política nacional de datos abiertos y proceder a los
procesos de apertura de los conjuntos de datos incluidos en el Programa Interamericano
de Datos Abiertos dirigidos a prevenir y combatir la corrupción.
Jocotenango, 26 de enero de 2021. Foto tomada de Google.