En juego la independencia de la justicia
Webinario
de Asociación IXIM, jueves 25 de febrero, a las 17 horas, por Facebook LIVE
Rogelio Flores-Paredes, de Asociación IXIM, dialogará con licenciada Lourdes Pérez, consultora del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales.
Nunca antes, durante los 35 años de existencia
de la Corte de Constitucionalidad, la elección de sus magistrados es tan
crucial como ahora. Especialmente desde el gobierno de partido patriota, se ha
venido dando una injerencia peligrosa de actores ajenos al sistema judicial,
que tiende a reducir al mínimo la independencia, como esencia de la
administración de justicia. Las investigaciones de la Comisión Internacional Contra
la Impunidad en Guatemala y un estudio de la Fundación Mirna Mack, han
evidenciado el grado de penetración de intereses oscuros y criminales en las
altas cortes.
Esta injerencia se traduce en cooptación del Estado, es decir, poderes ajenos a la institucionalidad se hacen del control para elegir magistrados y condicionarlos para que se pongan al servicio de sus mezquinos intereses, consolidando con ello un régimen de IMPUNIDAD Y CORRUPCIÓN.
En la actualidad la institucionalidad jurídica
y democrática está severamente debilitada, particularmente por la actitud de
DESOBEDIENCIA que manifiesta el grupo de diputados oficialistas y sus aliados
en contra de una resolución de la Corte de Constitucionalidad que les ordena
elegir magistrados de la Corte Suprema de Justicia y Corte de Apelaciones. Estos
magistrados tenían que haber tomado posesión el 13 de octubre de 2019.
La desobediencia de un organismo de Estado a resoluciones judiciales le hace un
daño de magnitud inimaginable al Estado de Derecho y a la democracia.
Durante el pasado desgobierno de Jimmy Morales,
fue la Corte de Constitucionalidad la que mantuvo el orden, a fuerza, y a pesar
del desprestigio y campañas negras a las que han sido sometidos sus
integrantes. Los grupos mafiosos que tratan de apoderarse totalmente del
sistema judicial también han pretendido despojar del antejuicio a los
magistrados constitucionales. Esas acciones han contado con el beneplácito y la
complicidad del grupo de diputados que tiene contralado el Congreso.
A lo anterior se suma la actitud vigilante
(contemplativa) de la Fiscal General, María Consuelo Porras Argueta y el
alineamiento cómplice de algunos jueces y magistrados, tanto en la Corte de
Apelaciones como la Suprema, que, con su acción y omisión favorecen la
cooptación de la justicia.
A excepción del Procurador de los Derechos
Humanos y de la Corte de Constitucionalidad (aunque últimamente diezmada ésta por
la muerte un magistrado y la renuncia de otro por enfermedad), así como algunos
jueces de mayor riesgo y contados tribunales, el resto (la mayoría) se ha mostrado
contrario al interés supremo de la nación: el bien común, por medio de la
administración imparcial e independiente de la justicia.
Varios analistas han expresado que sin
independencia judicial no habrá justicia para la mayoría de la población. La
independencia judicial es un factor clave para fortalecer el Estado de Derecho.
La ciudadanía no debe permaneceré callada,
vigilante; menos, ser indiferente a los riesgos y amenazas contra el sistema de
justicia.
Debemos exigir a los entes electores: el
presidente de la República, la Corte Suprema de Justicia, el Congreso de la
República, el Colegio de Abogados y el Consejo Superior de la Universidad de
San Carlos, que hagan una elección transparente y que sean escogidos las y los
abogados, sin tachas, que sean IDÓNEOS, CAPACES, HONRADOS.
Guatemala, febrero de 2021. Imagen tomada de google