La gota
que rebalsó el vaso
Ernesto Sitamul
El año 2015 constituyó un parteaguas en la historia política reciente de Guatemala. La ciudadanía reaccionó a los enormes escándalos de corrupción en el gobierno del partido patriotista. Y como consecuencia de los operativos de investigación y acusación, formulados por el Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), fueron obligados a renunciar el presidente Otto Pérez Molina y la vicepresidenta Roxana Baldetti. Seis años después siguen en el bote, y muchos de sus ministros están presos y ligados a procesos penales.
Ahora, el 29J, el 29 de julio de 2021, se
convierte en otra referencia social y popular, bastante parecida a los
acontecimientos de 2015. A diferencia de hace seis años, hoy la ciudadanía está
pidiendo la renuncia, además del mandatario, de la Fiscal General y jefa del
Ministerio Público, Consuelo Porras Argueta. La gota que rebalsó el vaso, en
este caso, fue la destitución antojadiza, complaciente e ilegal, del Fiscal
Anticorrupción Juan Francisco Sandoval Alfaro, el último bastión que quedaba,
después que no se renovó la existencia de la Cicig, en septiembre de 2019. Hace
pocos meses, el Secretario de Estado de Estados Unidos Anthony Blinken declaró
a Sandoval como “Campeón Anticorrupción” por su trabajo, al frente al de la
Fiscal Especial Contra la Impunidad.
Da pena mencionar que
ahora los sindicatos del magisterio y de salud pública, en lugar de estar
defendiendo las grandes causas de la mayoría del pueblo de Guatemala, más bien
se han aliado con el poder corrupto, y solo accionan en función de sus particulares
intereses económicos, en torno de los lesivos e indignos pactos colectivos.
Algunos promotores de las protestas estiman que en todo el país se habrían movilizado unas 200 mil personas, la mayoría en distintos puntos de Totonicapán, Quiché y Quetzaltenango. Es alentador ver en estas manifestaciones a jóvenes y mujeres de pueblos indígenas, destacando aquí la presencia de las y los Principales (sabios de la comunidad), los alcaldes indígenas de Sololá y los alcaldes comunales de los 48 cantones de Totonicapán. La nota destacada la dieron estos colectivos, mientras que en la capital las organizaciones de sociedad civil y estudiantes universitarios y ciudadanía se caminaron por calles y avenidas, haciendo sentir sus demandas frente al Ministerio Pública, el Congreso de la República, la Casa Presidencial y la Plaza de la Constitución.
Renovación
de liderazgo e independencia
Es evidente que las investigaciones de la Cicig
y el Ministerio Público, en 2015, no persuadieron a muchos políticos y
funcionarios públicos para actuar bajo el imperio de la ley. Las prácticas
corruptas han continuado. Y lo más peligroso, en comparación de 2015, es que ahora
el “Pacto de Corruptos” ha cooptado los organismos del Estado y sus
instituciones, para alinearlos en una sola dirección y ponerlos a favor de la
corrupción y la impunidad.
Frente a ese desafío y amenaza al pueblo, los diversos sectores ciudadanos deben reaccionar bajo una causa común: evitar que siga el despilfarro de los bienes públicos y que se consolide una dictadura institucional, sin golpe de Estado, a la usanza antigua. El hecho de que los corruptos no descansan en sus apetencias malvadas, debe ser motivo suficiente para fortalecer y dar seguimiento a las demandas planteadas por la ciudadanía el 29J, contra la corrupción y la impunidad.
Esta nueva etapa de protestas tiene como telón de
fondo de las celebraciones gubernamentales por el bicentenario de independencia.
En realidad, debemos reflexionar sobre si la independencia sirvió para resolver problemas como la exclusión, la
discriminación, la pobreza, la desnutrición, el despojo y el saqueo de los
territorios. Si la respuesta es positiva, entonces tenemos mucho que celebrar;
al contrario, las élites económicas, militares y políticas, tendrían que hacer
un mea culpa. En este caso, el bicentenario tendría que servir para que esas
élites entiendan que han pasado 200 años y el país sigue con enormes rezagos
sociales. Es una vergüenza que, justo,
al cumplirse los 200 años de la llamada independencia, el Estado de Guatemala
se encuentre capturado por esas mismas élites, junto al crimen organizado y el
narcotráfico. En pleno siglo XXI resulta vergonzoso e imperdonable que en
Guatemala sigan muriendo niños menores de cinco años a causa de la desnutrición.
Es inconcebible que en los hospitales públicos esté muriendo gente contagiada
por el Covid-19, debido a que no hay medicamentos específicos para casos graves.
Las jornadas de protesta del 29J, son una señal
de esperanza, porque la ciudadanía joven parecer haber perdido el miedo a politizar
sus acciones para transformar la realidad que le afecta a la mayoría de la
población. En un reciente foro virtual de análisis político, realizado por el
Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria, Álvaro Montenegro, uno
de los expositores, mencionaba que cuando la ciudadanía politiza sus demandas,
politiza sus derechos, haciendo uso de los mecanismos que le da la
Constitución, como los derechos de libre asociación, organización,
manifestación, e, incluso, de resistencia pacífica.
Como se dijo en el foro virtual mencionado, después de la grata experiencia de participación ciudadana en las protestas del 20J, procede que las diversas organizaciones forjen alianzas estratégicas, alrededor de una agenda común, para darle dirección a lo que sigue. No es una cuestión fácil, pero es necesaria la unidad, teniendo en cuenta la diversidad. Yo siempre he pensado que toda agenda de trabajo inter y multi organizacional tiene que partir de consensos mínimos y operativizar una agenda sobre los puntos en que hay más acuerdos, postergando los asuntos en que en haya diferencias.
Deseo
fervientemente que se haga realidad lo que escuché en voz del prestigioso
sociólogo mexicano Enrique Krauz, a quien parafraseo: luego de la pandemia, en
la nueva normalidad emergerán nuevos liderazgos juveniles y será la época de
las mujeres. Que así sea. Imágenes tomadas de Twitter
Antigua Guatemala, 2 de agosto de 2021.