El agotamiento del sistema
social y político
Ernesto Sitamul
Recientemente estuve en un conversatorio virtual para suscriptores de elPeriódico, donde participaron Anabellla Giracca, Roberto Wagner y Hugo Maúl Rivas, quienes se refirieron a la realidad nacional, en función de la coyuntura actual de Guatemala, al responder las preguntas del moderador, Jaime Moreno, quien además recibió la retroalimentación de la audiencia, por medio del chat. Los tres expositores son articulistas de ese medio, que se caracteriza por la diversidad de opiniones, las cuales se publican sin cortapisas, haciendo gala de respeto a la libertad de expresión y a sabiendas que esto enriquece el debate de ideas.
Por supuesto que no es posible profundizar los temas que dominan la coyuntura actual en tan poco tiempo (dos horas). Generalmente la audiencia se queda “picada” con sus inquietudes. En todo caso, los tres nos dejaron –desde su perspectiva- una semblanza general de lo que está pasando. El reto en todo análisis siempre será proponer y tratar de orientar al gran público para abordar los problemas que aquejan a la sociedad. Guatemala experimenta con mayor agudeza algunos problemas históricos, como consecuencia del impacto de la pandemia y por la forma como el gobierno viene manejando la crisis sanitaria.
En
el menú de esa problemática no pueden faltar la corrupción y la impunidad, la pobreza
y pobreza extrema, desnutrición, la falta de empleo y de oportunidades para el
desarrollo integral de la gente. También se inscribe en este cuadro la
migración, o sea la expulsión de compatriotas que deben buscar nuevos
horizontes en el exterior, especialmente hacia Estados Unidos de América.
La mayoría de estos problemas continúan o resurgen con cada gobierno. Cada cuatro años aparecen las mismas demandas, lo que supone que gobiernos van y gobiernos vienen, sin seguir verdaderas políticas de Estado –largo plazo-; por lo tanto, la crisis se convierte en algo permanente. Lo anterior refleja una afirmación de Giracca, quien sentenció que “éste es el país de la eterna crisis”. O sea, la dinámica social está marcada por una u otra crisis. Salimos de una y entramos a otra, o se entrelazan en nuestra cotidianidad. Hace algún tiempo recuerdo que el abogado Fernando González Davison, escribió sobre “la eterna transición” que sufre la sociedad guatemalteca. Cuando asumió el gobierno de Vinicio Cerezo, en 1986, se habló de la transición a la democracia, después de sucesivos gobiernos militares y golpes de Estado. Cuando Ramiro de León Carpio tomó el poder, tras el llamado autogolpe de Estado de 1993, también se acuñó que estábamos en transición. Y solo para citar un caso más, cuando se firmaron los Acuerdos de Paz en 1996, también se habló de una transición, incluyendo la llamada justicia transicional. ¿Se trata de una transición prolongada? Lo cierto es que no miramos la luz al final del túnel.
Algunas señas del agotamiento
En
innegable que ha habido una distorsión de la democracia. Por un lado, el
sistema democrático tampoco ha resuelto los problemas de la mayoría de la
sociedad. Y por otro, la distorsión de la democracia nos está llevando a un
callejón sin salida, agudizándose con la polarización extrema, que anula toda
la posibilidad de diálogo.
Las
élites sociales, económicas y políticas deben entender que la crisis es compleja
y peligrosa. Es tan compleja que no se puede simplificar a soluciones
sencillas, como afirma Anabella Giracca. Por ello se requiere actitudes maduras,
dialógicas e inteligentes de todos los liderazgos, porque para reorientar el
rumbo del país hay que sacrificar intereses particulares.
Considero
que es importantísimo que todos tengan una disposición seria hacia el diálogo,
que todos sean capaces de reconocer sus errores y desviaciones de la ley,
porque estos factores pueden contribuir generar un clima de confianza y
credibilidad. El primero que debería salir a la palestra es el presidente de la
República, por ser el primer magistrado de la nación y representante de la
unidad nacional. Sin embargo, el mandatario en lugar de seguir el rol que la
manda la Constitución, se ha puesto al servicio de intereses oscuros y por consiguiente
ha perdido confianza y credibilidad, como para convocar a un gran diálogo de
país. Aparte, su carácter iracundo y descalificador tampoco abona a este
propósito.
No
es alentador seguir enfrascados en esta crisis. No es positivo para la
economía. Tampoco lo es para la sociedad en general, cuya mayoría experimenta
crisis económica, agudizada por la falta de empleo, debido a los efectos de la
pandemia. Las debilidades del sistema de salud fueron desnudadas por el
coronavirus, a lo que se sumó el mal manejo gubernamental. O sea, economía y
salud, son dos grandes factores que hoy por hoy tienen en serios aprietos a la
mayoría de guatemaltecos.
Y los actores políticos tampoco están jugando el papel que les corresponde. El Congreso es el espacio de diálogo y debate inter partidario, múltiple y diverso, pero en las actuales circunstancias nada de eso se cumple. Más bien se ha conformado una alianza oficialista, que la oposición y sectores sociales califican de perversa y criminal. Esa alianza tiene el control de las grandes decisiones del Congreso, pero por intereses inconfesados, NO ha elegido a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte de Apelaciones. Éstos debían haber tomado posesión el 13 de octubre de 2019. El asunto es todavía más grave, porque la independencia judicial está en peligro, aunque para algunos ya está cooptada, no precisamente para aplicar la justicia de forma imparcial.
La
Fiscal General y jefa del Ministerio Público también ha hecho su parte para
complicar la credibilidad y confianza en el sistema de justicia. Por un lado,
destituyó ilegalmente al Jefe de la Fiscal Especial Contra la Impunidad, Juan
Francisco Sandoval, y, por otro, ha sido condescendiente con el Presidente
Giammattei, en el famoso caso de la operación rusa –las alfombras embilletadas-
que habrían sido llevadas a su casa en la zona 15.
El
próximo año, el Congreso deberá elegir Procurador de los Derechos Humanos, con
la amenaza de escoger a uno que se ponga
a su servicio, pues es notorio que los diputados de la alianza oficialista no
están dispuestos a tener un PDH incómodo a sus intereses particulares. Ojalá también
elijan a los magistrados de las cortes mencionadas, cuyo proceso se detuvo por
la anterior magistratura de la Corte de Constitucionalidad, debido a las
componendas descaradas de algunos diputados, jueces y empresarios, contenidas
en la investigación Comisiones Paralelas 2020, hecha por la FECI.
El 2022 será dinámico y agitado, porque
es año preelectoral. Seguramente dará mucho de qué hablar el trabajo de los pre
candidatos presidenciales, que pueden caer en prácticas reñidas con la Ley
Electoral. No obstante las críticas a la actual magistratura del Tribunal
Supremo Electoral, en principio, por la forma express en que fue electa en el Congreso,
a mí me parece alentador la postura que han fijado en cuanto al tema, y han declarado
que todo aquel que al se le compruebe actos de campaña anticipada se le vedará
la inscripción como candidato a cargo de elección popular, léanse Presidente,
diputados, alcaldes y concejales municipales. Imagen tomada de Google.
Jocotenanto,
4 de octubre de 2021.