El poder de la información
comunitaria
Ernesto Sitamul
No cumplir las leyes que nos rigen, tiene consecuencias, tanto para las autoridades como para los ciudadanos. Por ejemplo, la falta de acceso a la información pública puede acarrear malos entendidos, dimes y diretes en torno de un asunto de interés colectivo, como la construcción de una obra pública, cuyo objetivo debe ser el beneficio para la población en general, o para un sector.
Dice la Constitución que las autoridades solo pueden hacer lo que la ley les manda. Esto significa que no deben actuar al margen de este precepto fundamental. En otras palabras, las autoridades, como los concejos municipales o los alcaldes, sencillamente deben cumplir con publicar la información de oficio, que prescribe la Ley de Acceso a la Información Pública, vigente desde 2008. Igualmente deben facilitar la información cuando es solicitada por la ciudadanía, no importando si se trata de un vecino o no. Sin embargo, cuando aquellas no actúan dentro del marco de las normas jurídicas, generan problemas que tienen costos económicos, sociales y políticos.
Por ejemplo, hace unos cuatro años, el
alcalde de San Antonio Aguas Calientes caprichosamente negó información de un
proyecto a una persona, bajo el argumento de que ésta no vivía en el municipio. Esa negativa provocó un recurso de revisión, el cual
fue conocido por el pleno de la corporación municipal, el que resolvió en el
sentido inicial de negar la información. Por consiguiente, el afectado se vio
obligado a acudir a la justicia penal, donde obtuvo respuesta positiva, y los
miembros del gobierno municipal fueron sentenciados, excepto el alcalde, por
gozar del privilegio de antejuicio. ¿Había razón de llegar a estos extremos?
NO. ¿Tuvo consecuencias económicas? SI, tanto para los síndicos y concejales,
como para el solicitante de información. La actitud desafiante o desobediente
de una autoridad municipal tiene efecto negativo, porque manda un mal ejemplo a
la comunidad. Y en lo político, genera descontento y desencuentros, lo que no
es nada favorable para fomentar un clima de armonía, cooperación y
gobernabilidad local.
Aunque
parezca curioso y hasta inimaginable, la Asamblea de un Consejo Comunitario de
Desarrollo se opuso a la continuación de una obra de distribución de agua
potable en el municipio de Magdalena Milpas Altas, departamento de
Sacatepéquez.
La razón: falta de información a los vecinos por parte de la comuna, según publica el periodista Julio Sicán Aquino, en el medio digital Ojoconmipisto (29-09-2021). O sea, a falta de la información surgieron dudas, las cuales pueden ser razonables, aunque también las puede haber con fines inconfesados. La publicación señala que el alcalde, Juan Francisco Pérez Méndez, primerizo en el poder local, reconoce que la obra no puede continuar, porque el resultado de la votación en la asamblea comunitaria fue 17 a favor y la mayoría se abstuvo de votar (no se sabe si los 40 restantes, o solo la mayoría de éstos). En cualquier caso, el alcalde habría asumido la postura de respetar la decisión soberana tomada por el Cocode, y como lo señala el presidente de éste, la ejecución del proyecto no ha sido transparente.
Eso de falta de información también me
recuerda otro caso reciente. El 2 de febrero el alcalde de Jocotenango, se vio
obligado a asistir al callejón El Tempiscal (al norte del municipio), bajo la
presión de los vecinos inconformes con la construcción de un pozo para obtener
agua en dicho sector. Para entonces,
no estaba vigente el Consejo Comunitario de la zona 2, a donde pertenece el
sector de la dicha construcción. El alcalde se vio forzado a ese encuentro, porque
un día antes, su director de planificación compareció para dar información,
pero no convenció a los vecinos. Incluso se le exigió que suspendiera la
construcción. Lo que parecía un problema tuvo un final feliz, porque en
realidad lo que faltaba era información. Eso era eso. Ninguna necesidad tenía
el jefe edil de llevar a empleados municipales, dos patrullas de la policía
municipal y al gobernador.
En
el caso de suspender una obra, las consecuencias pueden ser incluso legales con
la empresa contratada. Y en el terreno político, si la comuna de Magdalena no
ejecuta ese proyecto (para variar, de arrastre) no podrá gestionar recursos del
sistema de consejos de desarrollo para futuros proyectos, según
declaró el gobernador y presidente del Consejo Departamental de Desarrollo de
Sacatepéquez, Mynor López.
Mi
conclusión es que la información y la comunicación de las municipalidades hacia
los Cocodes, alcaldías auxiliares, vecinos y organizaciones de la sociedad
civil es fundamental para la gobernabilidad del municipio. Evita dimes y
diretes, chismes y desinformación. Hay tantas y variadas formas de
comunicación, por lo que no hay explicación válida para que surjan aparentes
conflictos, solo por falta de información, como en los casos citados de
Magdalena y Jocotenango. Espero que esas sean lecciones aprendidas. Imagen tomada de google.
Antigua
Guatemala, 12 de octubre de 2021.