Empadronarse,
informarse y organizarse
Ernesto Sitamul
El ejercicio del voto en Guatemala es un derecho político, a la vez, un acto voluntario. Elegir y ser electo son derechos políticos fundamentales en la democracia, y para que tengan vida colectiva, hay que ejercerlos. Pero resulta que cuando el derecho de elegir, por medio del voto, es un acto voluntario, se pone en duda el deber ciudadano. En el Artículo 12 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos se establece que el voto es un derecho y un deber cívico, inherente a la ciudadanía.
Estas
reflexiones vienen al escenario que se avecina. Las elecciones generales de
2023, en la que las y los ciudadanos empadronados elegirán presidente,
vicepresidente, diputados al Congreso de la República, al Parlamento
Centroamericano y a los gobiernos municipales, en medio de una profunda y aguda
crisis social y política, debido a la cooptación de los organismos del Estado y
de sus instituciones, por un conjunto de actores políticos, económicos y
militares, incluyendo grupos mafiosos y criminales.
Esta situación debe ser suficiente razón para que la ciudadanía
reaccione y enfrente unos retos históricos, con el objetivo de rescatar la
democracia, y reorientar el rumbo democrático del país, por la vía electoral. La
ciudadanía en general y los jóvenes en particular están llamados a ser
protagonistas, para forjar su propio destino. Las generaciones que hoy rondan los 20 y 30 años no saben lo que es
vivir bajo gobiernos represivos y dictatoriales.
En primer gran reto de la ciudadanía es abandonar su
comodidad y conformismo frente a las amenazas que se ciernen sobre la
democracia. Las elecciones generales del próximo año, aunque algunos no lo
crean, pueden ser determinantes para el futuro del país. Significa hacer consciente
de la realidad actual.
Si
la ciudadanía acciona de manera propositiva, entonces tendremos un segundo reto que es participar e involucrarse
en organizaciones de sociedad civil, para respaldar las demandas ciudadanas hacia
los candidatos a distintos cargos de elección popular. Asimismo, con
suficiente fuerza social se puede demandar del Tribunal Supremo Electoral la
aplicación correcta de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, para evitar
excepciones a favor de los candidatos oficialistas y de sus partidos satélites.
También hay que exigir al TSE que fije públicamente su posición en torno a
que los diputados tránsfugas no serán inscritos, si pretenden hacerlo con un
partido distinto por lo que fueron electos en el año 2019. Otra demanda es que
la autoridad electoral haga que todos los partidos compitan o no en las
próximas elecciones suscriban un pacto ético y de no agresión, incluyendo el buen
uso que hagan de las redes sociales, identificando las cuentas oficiales de
cada partido, así como el responsable de su administración. El objetivo es
evitar la propagación de noticias falsas y desinformación, que puede afectar no
solo a los candidatos y partidos, sino también el Tribunal Supremo Electoral.
Son
previsibles acciones de judicialización en el proceso de inscripción de
candidatos, y, eventualmente, podrían alcanzar el resultado de la elección
presidencial y de diputados. Tales acciones, seguramente, no provendrán de
actores políticos directamente involucrados, sino de individuos y personas
jurídicas con intereses creados y vinculados con lo que se conoce como el
#PactoDeCorruptos.
Retos con relación al voto
En
este punto hay serios problemas, en los que el TSE debe redoblar esfuerzos para
superarlos. Entre ellos figuran el hecho de que hay más de dos millones de
jóvenes que no están empadronados. Esa fuerza social es importante que
participe en los comicios por su peso poblacional y en el padrón electoral.
Entonces, es un reto no únicamente para la autoridad electoral, sino para la
ciudadanía y sus organizaciones.
Después, hay retos esenciales para los electores, como (i) buscar
información de fuentes confiables sobre antecedentes y hoja de vida de los
candidatos, (ii) conocer propuestas de trabajo, (iii) analizar cuan realistas y
razonables son las ofertas de los candidatos, (iv) ser crítico con toda la
información que reciba de personas interesadas por determinado candidato y por lo
que se publica en las redes sociales. Al final de cuentas, esta conducta
ciudadana permitirá emitir un voto crítico e informado.
Como
ciudadanía debemos salir de lo que Barrios Carrillo denomina “depresión general
severa”, porque no hacer el esfuerzo de participación informada en el próximo proceso
electoral puede conducir a que se consoliden las fuerzas antidemocráticas, y
como consecuencia caer al abismo de una dictadura.
La
indiferencia juvenil a la política tiene que ver con cierta forma de rechazo a
la vieja política, caracterizado por los trinquetes, la corrupción, los
arreglos bajo la mesa, lo que ha llevado al creciente desprestigio de los
dirigentes políticos y autoridades electas. También hay gente que opina que
existen secuelas del conflicto armado interno, por lo cual no se involucra en
asuntos políticos de la administración del Estado o del municipio.
Soy
creyente de la fuerza y el poder de una juventud crítica e informada. Creo en
liderazgos juveniles con experiencia vital en las comunidades que sufren en extremo
la desigualdad y la pobreza. Creo en los liderazgos de las ciudades, forjados
en las universidades. Las y los jóvenes tienen la capacidad intelectual y
numérica para trascender en las cruciales elecciones de 2023. Imagen tomada
de Google.
Antigua
Guatemala, 31 de agosto de 2022.