Elecciones
Generales 2023
Las
y los electores dieron una lección histórica al statu quo
Ernesto
Sitamul[1]
El
cansancio y malestar de la ciudadanía contra la clase política gobernante, quedó
demostrado en las elecciones generales del 25 de junio de 2023. No obstante, la
contundencia del mensaje cívico, los políticos que tienen cooptada o controlada
la institucionalidad pública se resisten a aceptar los resultados.
La
primera lección
Las
y los electores se expresaron contra el sistema político imperante, por medio
del voto nulo, que alcanzó más del 17% de los votos emitidos. Si a este
porcentaje se le suma el voto en blanco, alcanza casi el 25%
Segunda
lección
Los candidatos presidenciales del pacto de partidos que controlan el
poder fueron abiertamente castigados en las urnas. La candidata de la UNE fue
la excepción, ganando con un poco más del 15% de votos válidos emitidos.
Tercera
lección
El
voto consciente alteró el mapa electoral, con el resultado sorpresivo de que el
candidato de Semilla pasaba a la segunda elección presidencial, con más del 11%
de los votos válidos emitidos.
El
proceso electoral se ha visto empañado por acciones de judicialización, desde
el principio, con la proscripción de tres candidatos presidenciales, a los que
se les aplicó caprichosa o casuísticamente la ley. Ahora, son los candidatos y
partidos perdedores los que interponen recursos en contra del resultado de las votaciones.
Primero fue la Corte de Constitucionalidad la que ordenó el 30 de junio
realizar una “segunda” audiencia de revisión de escrutinios” o resultados.
Una vez cumplido ese proceso (4, 5 y 6 de julio), el pasado viernes 7, una disposición de la CSJ impide que el Tribunal Supremo Electoral pueda oficializar los resultados de las elecciones generales. Es curioso que dicha resolución solo esté firmada por la presidenta de ese organismo.
Coincidencias
relevantes
Las
acciones judiciales en contra de las elecciones han generado un ambiente de
incertidumbre y hasta de miedo, porque lo hecho por partidos y candidatos
perdedores podrían ser señales peligrosas de que se esté fraguando una especie
“moderna” de golpe de Estado.
Algunas
cuentas serias y confiables en redes sociales, con sobrada razón, señalan el
hecho de que los magistrados de la CSJ y Corte de Apelaciones sigan en sus
cargos, casi cuatro después de haber concluido el período constitucional para
el que fueron electos. Esto sucede con la complacencia descarada del pacto de
diputados que domina a su sabor y antojo el Congreso de la República.
A
pesar de todo lo dicho, ciertas coincidencias a favor de respetar la voluntad
popular, son alentadoras, aunque es necesario que los discursos o declaraciones
públicas se materialicen con mayor contundencia en contra del “torpedeo” judicial
a las elecciones.
*Cámaras
empresariales como la de Industria, la del Agro y la de Comercio, coinciden en
demandar al Tribunal Supremo Electoral y al sistema de justicia que den certeza
a la población de que la segunda vuelta electoral se llevará a cabo el 20 de
agosto próximo, como lo manda la Ley Electoral y de Partidos Políticos.
*Las
primeras en reaccionar ante las maniobras judiciales fueron las organizaciones
de sociedad civil, el consejo de los 48 CANTONES
de Totonicapán, el Consejo de los Pueblos de Occidente (CPO), las alcaldías indígenas de Huehuetenango y
de Sololá, y el Foro Guatemala, entre otras.
*En
el mismo sentido se han pronunciado las misiones de Observación Electoral de la
Unión Europea y de la Organización de Estados Americanos (OEA), así como
la MOE-Gt, que agrupa a unas 10 organizaciones de sociedad civil guatemalteca,
entre ellas, la Asociación Diálogos y Acción Ciudadana.
Suspender
el amparo provisional
El
consejo de los 48 cantones de Totonicapán fue el más contundente al
presentar un memorial ante la Corte de Constitucionalidad, para demandar que
suspendiera el amparo provisional otorgado a nueve partidos, por medio del cual
se obligó a una segunda audiencia de revisión de resultados. También una
delegación de los 48 cantones se reunió con los magistrados del TSE, donde
plantearon sus preocupaciones por la judicialización de las elecciones, y que
se garantice la elección presidencial del próximo 20 de agosto.
Mientras el TSE no oficialice los resultados de las elecciones generales, los dos candidatos que pasaron a la segunda vuelta tienen prohibido realizar acciones de campaña electoral, lo que en alguna medida afecta los objetivos de los contendientes.
El entorpecimiento judicial a los resultados electorales, no solo debilita aún más a las instituciones públicas, sino que las deslegitima. La consecuencia, menos electores en la segunda vuelta -lo cual no sería novedoso, según datos históricos-, pero quien gane la presidencia tendría un bajísimo respaldo popular.
Antigua Guatemala, 9 de julio de 2023. Imagen tomada de Google.
[1]
Opinión personal. Ha trabajado
en medios de comunicación social, promueve la educación cívica para contribuir
al desarrollo local, por medio de la participación ciudadana. Es socio fundador
de Asociación Ixim.