Por si hay segunda elección presidencial
Ernesto Sitamul*
Más o menos así se tituló un editorial el medio digital LA HORA, reflejando la turbulencia, incertidumbre, tensión y temor, que marca y rodea el proceso electoral 2023, de cara a la segunda elección presidencial programada para el 20 de agosto, en la que solo compiten los dos binomios presidenciales más votados en los comicios generales de junio pasado.
Con
base en el diccionario de la lengua española, turbulencia conlleva una
situación turbia y agitada; la incertidumbre es la duda de que algo ya previsto,
como la segunda vuelta electoral, se pueda realizar. Las acciones judiciales en
contra del proceso electoral también generan un clima de alta tensión social y
política, ya suficientemente cargado de polarización y hostilidad. Las citadas
acciones también siembran temor entre miembros de los órganos temporales, como
las juntas receptoras de votos, juntas municipales y departamentales, y la
propia magistratura del TSE, al grado que está considerando pedir medidas
cautelares a su favor.
Nunca,
en la historia de 37 años de retorno a la democracia, había ocurrido algo
semejante.
El resultado que encendió las alarmas
Hasta
antes de las elecciones generales, el pacto de corruptos, que tiene el control
del poder, no contaba en su imaginario con el pase del Movimiento Semilla a la
segunda elección presidencial, lo cual alteró el mapa electoral. Fue entonces,
que se activó, desde el Ministerio Público, una vieja denuncia de 2019, por
supuesta falsificación de firmas en los listados de afiliados a dicho partido.
Por
su lado, los partidos aliados en el pacto comenzaron a vender la hipótesis de
fraude, y con un amparo favorable de la Corte de Constitucionalidad, obligaron
al Tribunal Supremo Electoral a repetir las audiencias de revisión de
escrutinios o resultados, a cargo de las juntas electorales departamentales. A
los amparistas les salió el tiro por la culata.
Lo que pretendía el pacto de corruptos
Volarse
al partido Semilla, y crear condiciones leguleyas para subir a la segunda
vuelta electoral al candidato gobiernista, en cuyo caso, el terreno estaría
allanado para conseguir una victoria ante el binomio de Sandra Torres, conocida
por su amplio antivoto.
El
MP, sin seguir el cacaraqueado “debido proceso” y violentando normas
constitucionales, consiguió una resolución judicial que ordenó al Registro de
Ciudadanos, del Tribunal Supremo Electoral, la CANCELACIÓN de la personalidad
jurídica de Semilla.
Pero
esta desventurada arremetida leguyesca se logró detener por un amparo
provisional que otorgó el tribunal constitucional a favor de Semilla, que
garantiza su participación en la segunda vuelta electoral.
El clamor porque se respete el voto
Las
acciones y maniobras judiciales fueron rechazadas por la ciudadanía, con
diversas formas de protesta. Organizaciones de sociedad civil, autoridades
indígenas, tanques de pensamiento, iglesia católica y cámaras empresariales, exigen
que se respete el voto popular, expresado en las urnas el pasado 25 de junio.
En
el mismo sentido se han expresado misiones de observación electoral de la
Organización de Estados Americanos -OEA- y de la Unión Europea -UE-, así como
la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En fin, la comunidad
internacional está preocupada por las amenazas que acechan sobre el estado de
la democracia en Guatemala.
La
magistrada presidente del Tribunal Supremo Electoral, Irma Palencia, habló por
videoconferencia en la asamblea permanente de la OEA, convocada específicamente
para aprobar una resolución sobre Guatemala. Ella
fue contundente cuando expresó que está profundamente preocupada por la
judicialización de las elecciones y de lo que pueda pasar después de la segunda
elección presidencial. Ésta es una advertencia muy seria.
Acciones que siembran temores
Después
de allanar con violencia y prepotencia la sede del Departamento de
Organizaciones Políticas del TSE, para secuestrar el flamante expediente de
Semilla, el Ministerio Público consiguió una resolución de un juez penal, que
ORDENABA la captura de la Directora en funciones del Registro de Ciudadanos, a
pesar que ese cargo goza del derecho de ANTEJUICIO. Por lo tanto, esa
resolución era y es ilegal. Insistir en esa tropelía, es algo perverso. El
titular de esa dependencia ya se encuentra en el exilio, siendo la expresión
más cruda de la forma como se comporta el MP y algunos jueces pro impunidad.
Y
para seguir abonando a la incertidumbre y la tensión política, el MP acaba de
solicitar al Tribunal Supremo Electoral, información de los DIGITADORES
contratados, para lo cual dejó un plazo improrrogable de cinco días.
En estas condiciones de acoso e incertidumbre, no
sería de extrañar que, en la víspera de la segunda vuelta electoral, también se
le exija los datos de todos los integrantes de las 24 mil 427 Juntas Receptoras
de Votos. Inimaginable, ¿verdad? Pero puede pasar.
¿Se respetará la voluntad popular?
Ésta
es la gran incógnita. La ciudadanía consciente y ahora el TSE deberán estar en
guardia para luchar a brazo partido contra las maniobras ilegales, antidemocráticas
y corruptas. Se debe exigir el respeto del resultado y a la transición
democrática, prevista en la Constitución para el 14 de enero.
A
la firme determinación de los guatemaltecos, será valioso el apoyo de la
comunidad internacional y de las misiones de observación electoral para
EVIDENCIAR todo lo que atente contra el Estado de Derecho y el régimen
democrático. Imágenes tomadas de Google.
Antigua
Guatemala, 30 de julio de 2023.
*Opinión personal del autor, Ernesto Sitamul, periodista, y promotor de la educación cívica, desde la Asociación para el Desarrollo Local IXIM (2004).