La función de la CC es defender el orden
constitucional
Ernesto Sitamul[1]
La extremada judicialización del sistema electoral comenzó desde el proceso de inscripción de candidatos. Desde allí, algunas decisiones del Tribunal Supremo Electoral, combinadas con acciones del Ministerio Público, resoluciones de órganos de la justicia ordinaria y sentencias de la Corte de Constitucionalidad, impidieron la participación de dos binomios presidenciales, del Movimiento para la Liberación de los Pueblos y de Podemos. Esos hechos eran ave de mal agüero. Aunque era imprevisible saber hasta se llegaría.
Esta vez, en lugar que el TSE esté concentrado en los
preparativos de la segunda elección presidencial, tiene que estar defendiéndose de 13
investigaciones que el Ministerio Público ha enderezado en su contra.
El temor por la judicialización también está afectando
a los digitadores contratados temporalmente, porque el MP ha solicitado
información personal de ellos, bajo la peregrina teoría de que hubo “fraude” en
las elecciones recién pasadas. Sin embargo, tan perverso señalamiento es
insostenible, después de que, por el orden de la Corte de Constitucionalidad,
se realizará una segunda audiencia de revisión de resultados. No se detectó
nada irregular que alterara los resultados. La Corte Suprema de Justicia
avaló los actuado por las juntas electorales departamentales, indicando que se
había cumplido con lo resuelto por la CC.
También ha existido un temor fundado de que algunas
juntas receptoras de votos puedan renunciar ante una eventual criminalización
de su trabajo más de 24 MIL juntas, en los 340 municipios del país.
Los integrantes de estas juntas son los principales
garantes de la pureza del voto, son fieles guardianes de que el proceso de
conteo de votos se verifique con apego a las leyes y reglamentos electorales.
La actual crisis política y electoral ha sido considerada
como un golpe técnico o golpe electoral, por consiguiente, un golpe a la
democracia guatemaltecas. El
caso, en parte, evoca lo ocurrido con el autogolpe de Estado el 25 de mayo de 1993,
decidido por el presidente Jorge Serrano Elías, ordenando el cierre del
Congreso y sustituyendo de hecho a los magistrados de la Corte Suprema de
Justicia.
El rechazo fue unánime de organizaciones de la
sociedad civil, de la empresa privada, y otros sectores de la sociedad
guatemalteca. Era evidente el rompimiento del orden constitucional, el cual
solo pudo ser restablecido por los magistrados de la Corte de
Constitucionalidad, después de cinco días de agitación e incertidumbre, pues el
mandatario golpista se negaba a publicar en el diario oficial, la sentencia
proferida por el alto tribunal.
Los cinco magistrados constitucionales, encabezados
por el abogado Epaminondas González Dubón, actuaron en estricto apego a la Constitución,
para restablecer el orden constitucional de derecho. Los ministros de Gobernación
y de la Defensa también fueron requeridos para hacer cumplir la sentencia del
tribunal constitucional.
La actual magistratura constitucional ya dio una señal
certera, cuando amparó al Movimiento Semilla y al Tribunal Supremo Electoral,
dando certeza a la realización de la segunda elección presidencial, el próximo
20 de agosto.
Ante cualquier eventualidad que altere procedimientos
constitucionales en este proceso electoral, los magistrados de la CC deben actuar
para defender la Constitución, la que también juraron defender cuando fueron
investidos. Los magistrados le deben lealtad solo a la Constitución, NO a los
sectores, por los que fueron electos. Imagen tomada de Google.
Antigua Guatemala, 6 de agosto de 2023.
[1]
Opinión personal. El autor ha
trabajado en medios de comunicación. Es socio fundador de Asociación Ixim, cuya
misión es generar procesos de educación cívica, para la participación
ciudadana, como forma de contribuir al desarrollo local.