La ciudadanía informada, toma mejores decisiones
Ernesto Sitamul[1]
El pasado 5 de septiembre, asistí a un foro digital, organizado por el Banco Centroamericano de Integración Económica -Bcie-, bajo el título Hacia una medición del Impacto del Acceso de la Información Pública y sus beneficios, en el cual participaron como expositores Marcos Mendiburu, especialista en acceso a la información pública, de la Unesco, y Blanca Lilia Ibarra, presidenta del Instituto Nacional de transparencia y Acceso a la Información y de Protección de Datos, Inai, de México, con la moderación de Alejandra Nasser, especialista del área de Gestión Pública y gobierno Abierto, de la CEPAL.
Septiembre ha sido declarado el mes de la transparencia y del derecho a acceso a la información, pues el 28 de ese mes, del año 2015, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura -Unesco-, así lo acordó. Mientras que la Organización de Estados Americanos -OEA- aprobó la Ley Modelo Interamericana 2.0 sobre este derecho humano, en octubre de 2020, diez años después de haber aprobado la respectiva Ley Modelo Interamericana.
La
Ley Modelo interamericana 2.0 “representa el más reciente esfuerzo de la OEA
para avanzar en el establecimiento de estándares que permitan brindar mayores
garantías a los ciudadanos del hemisferio”, según se desprende de la
publicación hecha por el Comité Jurídico Interamericano, de fecha 7 de agosto
de 2020[2].
Mediante
consultas a sectores significativos de los países miembros, se discutieron y
aprobaron nuevos estándares, para mejorar el acceso de los ciudadanos a la
información pública en poder de los sujetos obligados, mediante la armonización
de tales normas con las legislaciones nacionales.
Para medir del impacto del acceso a la información es relevante establecer unos indicadores que permitan verificar si se va por el camino, en cada una de las instituciones públicas. Esto también contribuye a identificar y destacar los beneficios del acceso a la información, en función de la transparencia y su incidencia en el desarrollo general de cada país.
En mi opinión, las normas estandarizadas, y cuando éstas sean adoptadas y armonizadas con la legislación de los países miembros de la OEA, se podrá garantizar con la mayor amplitud el derecho humano de acceso a la información, fortaleciendo los roles de los órganos garantes y de los sujetos obligados a facilitar información sobre asuntos públicos, así como empoderando a los sujetos pasivos, para que ejerzan este derecho.
Cuando
le pregunté a Mendiburu sobre los estándares y su relación con el estado de la información
que los sujetos obligados brindan a los usuarios o solicitantes de información
pública, comentó el caso -sin identificar el país- de un ciudadano que exigió
que la información solicitada se le entregara en su idioma materno, y no el idioma
oficial. En este caso, el órgano garante protegió al solicitante en su
planteamiento. Por ejemplo, en la ley guatemalteca se entrega en la forma o
estado en que se encuentre en los archivos del sujeto obligado. O sea, no se
prepara como el sujeto pasivo lo requiere.
En
Guatemala quien debe velar por el cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información
Pública -Laip, 2008- es el Procurador de los Derechos Humanos, como institución
reguladora -dice la ley- la cual realiza visitas a las instituciones obligadas
para supervisar el estado de la información, solicitudes, tiempos de entrega,
total y parcial, solicitudes denegadas, entre otros requerimientos.
Como
consecuencia, la PDH elabora un ranking de cumplimiento de la ley, utilizando
el mecanismo del semáforo, según el informe de supervisión de portales electrónicos
de municipalidades de 2021, en el que:
ROJO equivale a
deficiente: puntuación de 0.00 a 0.59.99
AMARILLO equivale
a bajo: puntuación de 60.00 a 84.99
VERDE equivale a aceptable: puntuación de 85.00 a
100.00
¿Cuáles son los beneficios del acceso a la información?
1.
Contribuye al
desarrollo de la sociedad o comunidad
2.
Hace transparente
la administración pública
3.
Fomenta una
cultura de apertura
4.
Genera confianza
en la ciudadanía
5.
Evita o reduce la
desinformación
6.
Facilita rendir
cuentas a la población
7.
La
ciudadanía informada toma mejores decisiones.
Los
avances de legislación, desde la OEA, en este caso, y acciones concretas, como
las del Bcie, contribuyen a fortalecer la aplicación de la Ley de Acceso a la Información
Pública. La difusión, socialización y capacitación de la Ley Modelo Interamericana
2.0 en cada uno de los países miembros del organismo continental, habrá de mejorar
los servicios de los sujetos obligados, en materia de información pública, así
como de los órganos garantes.
Al
final, ganará la ciudadanía, que, al ejercer sus derechos tendrá la posibilidad
de obtener mejor información pública y, por lo tanto, saldrá ganando la comunidad
en general. Imágenes tomadas de
Google, en el orden: Nasser, Ibarra y Mendiburu
San Luisito, Pastores, Sacatepéquez, 10 de septiembre de 2023.
[1] Esta opinión es responsabilidad del
autor. Ha trabajado de periodista. Es socio fundador de Asociación IXIM, que
promueve la educación cívica, para que la ciudadanía pueda contribuir al
desarrollo local.