Codedes, recursos, ineptitud, baja ejecución
Ernesto Sitamul[1]
El sistema de consejos de desarrollo conlleva pensar en el desarrollo de las comunidades, especialmente las más alejadas de las ciudades, como aldeas y caseríos, cuyas organizaciones comunitarias están representadas en el nivel de Consejos Municipales de Desarrollo -Comudes-. La ley que rige este sistema está concebido con dos elementos sustanciales. Por un lado, la planificación participativa del desarrollo, y, por otro, la priorización de proyectos desde la base de la sociedad.
Desde 2002 el Congreso de la República aprobó el Decreto 11-2002, Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, pero sigue habiendo males en el sistema y en el poder local, los cuales, finalmente, paga población más necesitada.
Desde la administración edil,
que está bajo responsabilidad del alcalde, existe serias dificultades para
armar los expedientes de proyectos, a pesar de las normas y directrices
específicas, implementadas por la Secretaría de Planificación y Programación de la
Presidencia -Segeplan-.
En las comunas suelen echarle
la culpa de los atrasos a las dependencias del gobierno central, que deben
emitir los avales correspondientes, según el tipo de proyecto. Por ejemplo,
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, el Ministerio de Ambiente y
Recursos Naturales.
En resumen, los atrasos para
completar dichos expedientes repercuten en baja ejecución de los presupuestos
autorizados para inversión pública, lo que, a su vez, trastoca normas
presupuestarias, con las famosas obras de “arrastre”, o con modificaciones
legales en el Congreso, para autorizar el uso de recursos no gastados, en el
siguiente ejercicio fiscal, como ocurrió el año pasado.
De acuerdo con una publicación
de Prensa Libre (18-09-2023, pág. 8), a estas alturas del año, se registra baja
ejecución, estimada en 35% de un presupuesto de 4 mil 230 millones de quetzales,
y agrega que hay departamentos donde la ejecución no rebasa el 20%. Al 15 de
septiembre pasado, los tres Codedes con la mayor ejecución son los de Petén,
Baja Verapaz y El Progreso; mientras que los departamentos de Suchitepéquez,
Totonicapán y Quetzaltenango, están en el frío sótano de baja ejecución.
A las justificaciones de las
oficinas municipales de planificación, se suman las consecuencias de no saber
el impacto real que tienen estas inversiones en las comunidades más necesitadas
y remotas de los centros urbanos.
No existe un sistema confiable
de indicadores, que permita medir el impacto social y económico de las
inversiones públicas, vía el Sistema de Consejos de Desarrollo -Siscode-, como
lo señala el especialista en asuntos municipales, Luis Felipe Linares López,
consultor de Asíes[2], en
la citada publicación periodística. Agrega que también existe mal uso de estos
recursos.
En el año 2021, la Secretaría
de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia -Scep- impartió un diplomado de capacitación con el
objetivo de identificar los cuellos de botella y facilitar la obtención de los
flamante avales de proyectos, habiendo reunidos a los actores directamente
involucrados, como los responsables de emitir dichos documentos, alcaldes y
directores de planificación municipal. Pero, por lo que sigue ocurriendo,
parece que de poco o nada sirvió dicha capacitación. Los atrasos persisten. Hay
excesiva burocracia en la administración pública, cambios de autoridades
ministeriales y de planificadores municipales, cada cuatro años, y también casos
de ineptitud o falta de experiencia en personal clave.
El director ejecutivo del
Codede de Izabal, Axel Aceituno, reconoce que el atraso en la
conformación de expedientes proviene de las direcciones municipales de planificación.
¿Cómo se puede justificar que
a casi tres meses para que finalice el año 2023, se tenga el nivel de ejecución
indicado arriba?
De acuerdo con la publicación
de Prensa Libre, en Izabal, hasta agosto pasado fueron firmados los convenios,
entre el Coordinador del Codede y alcaldes municipales, para el inicio de
obras, siendo casi seguro que dichos proyectos no concluirán en el presente
ejercicio fiscal. De nuevo, podría haber una indeseable manipulación del
presupuesto en el Congreso, para autorizar que los recursos asignados no gastados
este año, se puedan ejecutar el entrante.
Estos problemas no deben
continuar en el Siscode. Porque afectan a las comunidades y se prestan para
manipular el presupuesto anual de inversión pública.
Algo deben hacer las instituciones participantes en la política de fortalecimiento municipal, entre ellas las asociaciones de alcaldes, como la Anam y la Agaai. Imagen tomada de Google.
En San Benito, Petén, a las 24 días de septiembre de 2023.