La
crisis política llega a un punto de no retorno
Ernesto Sitamul[1]
§ La única solución inmediata parece ser la renuncia de tres funcionarios
del sistema judicial
§ Al no haber negociadores políticos reconocidos y de prestigio, el
gobierno está acorralado, y pide la mediación de la OEA.
§ Después de una semana de protestas de calle, nuevos actores sociales
organizados se suman al #ParoNacional.
Cuando
escribo este artículo es domingo 8 de octubre de 2023. Se cumple el séptimo día
de bloqueos y protestas en todo el país, en contra del Ministerio Público y un juez
penal, por sus acciones ilegales, abusivas y prepotentes que han puesto en grave
peligro la democracia y el Estado de Derecho, algo nunca visto en 37 años,
desde el retorno a la democracia en 1986.
El malestar y hartazgo de la ciudadanía, que ahora se expresa en las calles, derivó de varios hechos sucesivos, cometidos por la Fiscal General y el Jefe de la Feci, con autorización del juez penal, Fredy Orellana. Entre ellos, cito:
*****Intento
de impedir que el candidato presidencial de Semilla, que quedó en segundo lugar
en las elecciones generales, pudiera competir en la segunda vuelta.
Inédito
hecho de revisar los escrutinios de los resultados, con la venia de la Corte de
Constitucionalidad.
*****Ilegal
orden judicial al TSE, para cancelar la personería jurídica de Semilla, en
pleno proceso electoral.
*****Allanamientos
y cateos en instalaciones del TSE y de Semilla, nunca antes visto en la
historia política del país, ni siquiera durante
los gobiernos militares.
*****Allanamiento y secuestro de las actas 4 y 8, en formato original, de las elecciones generales, en la última semana de septiembre, lo que agotó la paciencia de sectores significativos de la sociedad, encabezada por dirigentes las alcaldías indígenas de los 48 cantones de Totonicapán, a las que se han sumado autoridades indígenas de Sololá, Quiché, Huehuetenango, entre otros, así como movimientos sociales y sectores de casi todos los departamentos. Las juventudes estudiosas de las universidades privadas y algunas asociaciones sancarlistas, también se han sumado a la demanda puntual:
la RENUNCIA de la Fiscal General, Consuelo Porras, el Fiscal jefe de la Feci, Rafael Curruchiche y el juez séptimo penal, Fredy Orellana.
A
estas alturas del conflicto, las protestas y bloqueos se han extendido por los cuatro
puntos cardinales del país. El viernes 6 de octubre, los medios reportaron
acciones de protesta en 90 lugares. También el apoyo de pilotos del transporte
colectivo, taxistas capitalinos y de los 15 mercados capitalinos y de otras
cabeceras departamentales.
La
brutal arremetida del MP y del juez penal ha “encabronado” aún más a la
ciudadanía por lo que se ha llegado a un punto de NO RETORNO, lo cual significa
que cualquier negociación política estaría dejando fuera de agenda, el reclamo
de renuncia de los funcionarios aludidos.
Para
el lunes 9 de octubre se tiene prevista la llegada de una misión de la Organización
de Estados Americanos -OEA-, encabezada por el Secretario General del organismo,
Luis Almagro, a solicitud del gobierno, para mediar en la crisis, tratando de
reunir a los líderes del movimiento, para buscar soluciones.
La
agudización de la crisis también ha sido estimulada por la Corte de
Constitucionalidad, cuando respondió una consulta del Tribunal Supremo
Electoral, sobre el tema de competencia, por el caso de la cancelación de Semilla.
El
enredijo de palabras y texto de la respuesta, fue calificada de “cantinflesca”
por un editorialista de Prensa Libre, porque no resolvió con precisión y
contundencia la duda de competencia, el viernes 6 de octubre.
No
obstante, abogados especializados en el asunto, consideran que la CC,
prácticamente avaló que cualquier juez penal puede cancelar la personería
jurídica de un partido; incluso, aplicarle normas de la Ley de Delincuencia
Organizada, como le ocurre al movimiento Semilla. Entonces dejó “amarrado” al
TSE, porque cualquier juez penal puede cancelar un partido, incluso dentro de
un proceso electoral. Con esta respuesta del tribunal constitucional sale sobrando
que la ley electoral sea de rango CONSTITUCIONAL, y con ello -para mi-, el Tribunal
Supremo Electoral deja de ser SUPREMO en el ámbito de su competencia.
La
manipulación del MP y la complaciente ilegalidad del juez Orellana, ha abonado
al extremo de la crisis en que estamos, lo que explica y hasta justifica la
posición clara y contundente de la ciudadanía en las calles:
los
tres funcionarios citados, renuncian sí, o sí.
¿Respetarán esta resolución el MP y el juez penal?
1)
Después de todas las tropelías que han cometido en el actual proceso electoral,
no hay certidumbre de que los funcionarios a los que se les pide que RENUNCIEN,
asuman una conducta respetuosa, decente y madura.
2)
Como consecuencia, existe un ambiente de profunda desconfianza, lo que complica
mecanismos de negociación, especialmente desde lo jurídico. Por eso, pienso que
la salida es política, aunque complicada por el nivel de tensión al que se ha
llegado.
3)
La misión de la OEA no será nada fácil. Lo primero es acercar a la mesa de
diálogo a los representantes de las partes. El conflicto no debe alargarse,
porque tiene consecuencias para toda la
población, especialmente los sectores más necesitados.
4)
A pesar de ser joven nuestra democracia, ya demostró que funciona. En 1993 se
restableció el orden constitucional, después del autogolpe del presidente Jorge
Serrano Elías, mediante una resolución de la Corte de Constitucionalidad. Más
recientemente, en 2015, fueron obligados a RENUNCIAR, primero la vicepresidenta
Roxana Baldetti, y posteriormente, el presidente Otto Pérez Molina, sin que se
alterara el orden constitucional.
Antigua Guatemala, 8 de octubre de 2023. Imágenes tomadas de X.
[1]
Opinión personal. El autor ha sido
periodista en radio, prensa y televisión. Socio fundador de Asociación IXIM,
promoviendo la educación cívica para contribuir al desarrollo local, por medio
de la participación ciudadana.