Diálogo
por crisis política, en punto muerto
Ernesto Sitamul[1]
§ La única solución inmediata es la renuncia de tres funcionarios del
sistema de justicia
§ Al no haber negociadores políticos reconocidos y aceptados, el gobierno -acorralado- pidió la mediación de
la OEA.
§ La crisis es jurídica y política, pero la solución es política.
§ En todo diálogo constructivo, las partes hacen concesiones, una parte más que otra, en aras del bien supremo, el bien común.
Cuando escribo este artículo es sábado 14 de octubre de 2023. Se cumple el décimo tercer día de manifestaciones y bloqueos en todo el país, contra del Ministerio Público y un juez penal, por sus acciones ilegales que ponen en grave riesgo el sistema democrático de derecho, el resultado de las elecciones y la institucionalidad del Tribunal Supremo Electoral y el partido Movimiento Semilla, el mismo con el que ganó la presidencia y vicepresidencia el binomio electo, integrado por Bernardo Arévalo de León y Karin Herrera. Foto tomada de @ursularol
En
general, la primera semana de protestas transcurrió sin problemas de violencia
o enfrentamientos, mientras que el gobernante de turno pedía la mediación de la
Organización de Estados Americanos (OEA), para acercarse a un diálogo, cuya
primera reunión se produjo hasta el 12 de octubre.
Para
entonces, ya se habían producido algunas acciones violentas, protagonizadas por
individuos o grupos de INFILTRADOS, con el evidente objetivo de sembrar caos y
provocar a las fuerzas de seguridad, todo lo contrario a la vocación de los
alcaldes comunales de los 48 Cantones de Totonicapán y Alcaldías Indígenas de
diversos territorios, que convocaron y nuclean el paro nacional.
Conforme
pasan los días, diversos sectores elevaron sus voces de protesta por los
efectos económicos del paro, como el desabastecimiento de productos básicos y
suntuarios en mercados y supermercados. Esta situación se ha agudizado porque los
mercados cantonales de la capital y de varios departamentos se han sumado al
paro.
Pasó la primera reunión entre el gobernante y seis alcaldes
cantonales, el jueves 12 de octubre, en presencia de la comisión enviada por la
OEA, pero sin resultados concretos. La dirigencia
cívica dejó en claro el motivo de las movilizaciones: el atentado que cometen
la Fiscal General y jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras, el Jefe de la
Fiscalía Especial Contra la Impunidad, Rafael Curruchiche, y el juez 7º penal,
Fredy Orellana, en contra de las elecciones, el TSE y el partido político Movimiento
Semilla. Por ello, reclamaron que solo la RENUNCIA de los tres funcionarios
citados, puede decidir la terminación de las protestas y bloqueos. Giammattei
no se comprometió a pedir la renuncia de la Fiscal General. Afirma que no puede
hacerlo, por cuestiones legales, pero ésta es una crisis política, que se entremezcla
con aspectos legales.
En
este sentido, mi opinión es que el mandatario, en su calidad de representante
de la unidad nacional y en nombre de la soberanía popular, que reside en el
pueblo, y que le ha delegado el ejercicio del poder, sí puede pedirle a la
Fiscal General que considere su RENUNCIA, privilegiando el interés supremo de
la nación, por encima del interés particular.
El diálogo de buena fe, más la actitud propositiva de las partes debe inspirar confianza y compromiso entre ellos para alcanzar acuerdos mínimos y viables de cumplir, para salir de la crisis institucional que sufre el pueblo de Guatemala, algo que nunca había ocurrido en los 37 años desde el retorno a la democracia en 1986. Ni siquiera comparable con el autogolpe del presidente Jorge Serrano Elías, en 1993.
Cabe recordar que el rol de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, bajo la presidencia del abogado Epaminondas González y el resto de magistrados, fue determinante en la defensa de la Constitución Política de la República, para restablecer el orden institucional de la democracia. En mi opinión, el actual tribunal constitucional no jugado el papel que le corresponde, porque ha dado largas a las resoluciones del juez Fredy Orellana, complaciente con todas las peticiones que le hace el Ministerio Público. Foto tomada de google.
Al
entrar a la tercera semana del conflicto, seguirán las protestas y bloqueos,
con más organizaciones sociales que se suman, aunque permitiendo tiempos de
locomoción del tránsito de vehículos y personas en las carreteras, en respuesta
a una resolución de la Corte de Constitucionalidad, en cuanto a que un derecho constitucional
no puede interferir el respeto a otros derechos de la ciudadanía.
Mis
conclusiones
§ ¿Por qué tuvo que pasar tanto tiempo, para
que el gobernante se reuniera con los dirigentes cívicos? Esta falla puede
obedecer a la falta de confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas;
así como a la carencia de operadores políticos reconocidos y valorados por las
partes.
§ Es saludable la mediación de la Organización de Estados Americanos, para
acercar a las partes, habiéndose realizado la primera reunión el jueves 6 de octubre,
en la casa presidencial. Un día antes, los dirigentes cívicos entregaron una
carta dirigida al presidente de la República, pidiéndole que los recibiera, lo
cual demuestra su vocación dialógica, para exponer la problemática y proponer posibles
soluciones.
§ La crisis no favorece la convivencia social, deteriora las dinámicas de
la economía y la vida productiva del país, por lo tanto, habiendo iniciado el
diálogo, éste debe avanzar para alcanzar acuerdos de efecto inmediato, como
también de mediano plazo, relacionados con la certeza jurídica y estabilidad del
sistema democrático.
§ Comparto aquella afirmación de que las crisis, no solo son los problemas
que las originan, sino también oportunidades, para transformar -de verdad- prácticas
y dinámicas en la institucionalidad pública.
§
Dejo constancia de mi profundo
reconocimiento a las alcaldías comunales de los 48 cantones de Totonicapán, alcaldías
indígenas de varios municipios y departamentos, que encabezan estas movilizaciones,
por estar marcando un hito en la historia política de Guatemala. Los pueblos
indígenas de Guatemala defendiendo el sistema democrático de derecho, a pesar de
la exclusión, la discriminación, y, en muchos casos, hasta el abandono que han
sufrido históricamente, como está ocurriendo con aquellas comunidades rurales
que viven en pobreza extrema.
Antigua Guatemala, 14 de octubre de 2023.
[1]
Opinión personal. El autor ha
sido periodista en radio, prensa y televisión. Socio fundador de Asociación
IXIM, promoviendo la educación cívica para contribuir al desarrollo local, por
medio de la participación ciudadana.