Madurez, buena fe, bien común, imperativos de diálogo

Diálogo por crisis política, en punto muerto

Ernesto Sitamul[1]

§  La única solución inmediata es la renuncia de tres funcionarios del sistema de justicia

§  Al no haber negociadores políticos reconocidos y aceptados,  el gobierno -acorralado- pidió la mediación de la OEA.

§  La crisis es jurídica y política, pero la solución es política.

§  En todo diálogo constructivo, las partes hacen concesiones, una parte más que otra, en aras del bien supremo, el bien común.

Cuando escribo este artículo es sábado 14 de octubre de 2023. Se cumple el décimo tercer día de manifestaciones y bloqueos en todo el país, contra del Ministerio Público y un juez penal, por sus acciones ilegales que ponen en grave riesgo el sistema democrático de derecho, el resultado de las elecciones y la institucionalidad del Tribunal Supremo Electoral y el partido Movimiento Semilla, el mismo con el que ganó la presidencia y vicepresidencia el binomio electo, integrado por Bernardo Arévalo de León y Karin Herrera. Foto tomada de @ursularol

En general, la primera semana de protestas transcurrió sin problemas de violencia o enfrentamientos, mientras que el gobernante de turno pedía la mediación de la Organización de Estados Americanos (OEA), para acercarse a un diálogo, cuya primera reunión se produjo hasta el 12 de octubre.

Para entonces, ya se habían producido algunas acciones violentas, protagonizadas por individuos o grupos de INFILTRADOS, con el evidente objetivo de sembrar caos y provocar a las fuerzas de seguridad, todo lo contrario a la vocación de los alcaldes comunales de los 48 Cantones de Totonicapán y Alcaldías Indígenas de diversos territorios, que convocaron y nuclean el paro nacional.

Conforme pasan los días, diversos sectores elevaron sus voces de protesta por los efectos económicos del paro, como el desabastecimiento de productos básicos y suntuarios en mercados y supermercados. Esta situación se ha agudizado porque los mercados cantonales de la capital y de varios departamentos se han sumado al paro.

Pasó la primera reunión entre el gobernante y seis alcaldes cantonales, el jueves 12 de octubre, en presencia de la comisión enviada por la OEA, pero sin resultados concretos. La dirigencia cívica dejó en claro el motivo de las movilizaciones: el atentado que cometen la Fiscal General y jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras, el Jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad, Rafael Curruchiche, y el juez 7º penal, Fredy Orellana, en contra de las elecciones, el TSE y el partido político Movimiento Semilla. Por ello, reclamaron que solo la RENUNCIA de los tres funcionarios citados, puede decidir la terminación de las protestas y bloqueos. Giammattei no se comprometió a pedir la renuncia de la Fiscal General. Afirma que no puede hacerlo, por cuestiones legales, pero ésta es una crisis política, que se entremezcla con aspectos legales.

En este sentido, mi opinión es que el mandatario, en su calidad de representante de la unidad nacional y en nombre de la soberanía popular, que reside en el pueblo, y que le ha delegado el ejercicio del poder, sí puede pedirle a la Fiscal General que considere su RENUNCIA, privilegiando el interés supremo de la nación, por encima del interés particular.

El diálogo de buena fe, más la actitud propositiva de las partes debe inspirar confianza y compromiso entre ellos para alcanzar acuerdos mínimos y viables de cumplir, para salir de la crisis institucional que sufre el pueblo de Guatemala, algo que nunca había ocurrido en los 37 años desde el retorno a la democracia en 1986. Ni siquiera comparable con el autogolpe del presidente Jorge Serrano Elías, en 1993.


Cabe recordar que el rol de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, bajo la presidencia del abogado Epaminondas González y el resto de magistrados, fue determinante en la defensa de la Constitución Política de la República, para restablecer el orden institucional de la democracia. En mi opinión, el actual tribunal constitucional no jugado el papel que le corresponde, porque ha dado largas a las resoluciones del juez Fredy Orellana, complaciente con todas las peticiones que le hace el Ministerio Público. Foto tomada de google.

Al entrar a la tercera semana del conflicto, seguirán las protestas y bloqueos, con más organizaciones sociales que se suman, aunque permitiendo tiempos de locomoción del tránsito de vehículos y personas en las carreteras, en respuesta a una resolución de la Corte de Constitucionalidad, en cuanto a que un derecho constitucional no puede interferir el respeto a otros derechos de la ciudadanía.

Mis conclusiones

§  ¿Por qué tuvo que pasar tanto tiempo, para que el gobernante se reuniera con los dirigentes cívicos? Esta falla puede obedecer a la falta de confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas; así como a la carencia de operadores políticos reconocidos y valorados por las partes.

§  Es saludable la mediación de la Organización de Estados Americanos, para acercar a las partes, habiéndose realizado la primera reunión el jueves 6 de octubre, en la casa presidencial. Un día antes, los dirigentes cívicos entregaron una carta dirigida al presidente de la República, pidiéndole que los recibiera, lo cual demuestra su vocación dialógica, para exponer la problemática y proponer posibles soluciones.

§  La crisis no favorece la convivencia social, deteriora las dinámicas de la economía y la vida productiva del país, por lo tanto, habiendo iniciado el diálogo, éste debe avanzar para alcanzar acuerdos de efecto inmediato, como también de mediano plazo, relacionados con la certeza jurídica y estabilidad del sistema democrático.

§  Comparto aquella afirmación de que las crisis, no solo son los problemas que las originan, sino también oportunidades, para transformar -de verdad- prácticas y dinámicas en la institucionalidad pública.

§  Dejo constancia de mi profundo reconocimiento a las alcaldías comunales de los 48 cantones de Totonicapán, alcaldías indígenas de varios municipios y departamentos, que encabezan estas movilizaciones, por estar marcando un hito en la historia política de Guatemala. Los pueblos indígenas de Guatemala defendiendo el sistema democrático de derecho, a pesar de la exclusión, la discriminación, y, en muchos casos, hasta el abandono que han sufrido históricamente, como está ocurriendo con aquellas comunidades rurales que viven en pobreza extrema.

Antigua Guatemala, 14 de octubre de 2023.


[1] Opinión personal. El autor ha sido periodista en radio, prensa y televisión. Socio fundador de Asociación IXIM, promoviendo la educación cívica para contribuir al desarrollo local, por medio de la participación ciudadana.