Reformas o nueva ley electoral
Ernesto Sitamul[1]
Está por concluir el proceso electoral más turbulento de la historia (31 de octubre), según lo decidió el Tribunal Supremo Electoral -TSE-, en el Acuerdo 1-2023, por medio del cual convocó a elecciones generales. A pesar de la prolongada crisis por la judicialización, ya se comienza a hablar de reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos (Lepp), cuya tarea está encomendada a la Comisión de Actualización y Modernización Electoral -Came- (Art. 256 Bis, Lepp).
La judicialización debe ocupar la
atención de los distintos actores que serán convocados, por el enorme impacto
que ha tenido en el actual proceso, desde el período de inscripción de
candidatos, pasando por la descalificación de tres binomios presidenciales, y
el reconteo ilegal de escrutinios, hasta los allanamientos abusivos e ilegales
del Ministerio Público en la sede del Tribunal Supremo Electoral y contra el
partido ganador, Movimiento Semilla.
El objetivo de este planteamiento es
que el trabajo final sirva al TSE para formular la iniciativa de ley de
reformas que debe enviar al Congreso de la República durante el mes de mayo de
2024, antes que finalice el primer período de sesiones ordinarias. Por la
naturaleza y rango constitucional que corresponde a nuestra normativa
electoral, el Congreso solo puede aprobar reformas, si cuenta con un dictamen favorable de la Corte de
Constitucionalidad (Art. 175 de la Constitución).
A mi parecer, los temas prioritarios
para abordar en la Came deben girar alrededor del fortalecimiento del Tribunal
Supremo Electoral, revisar la figura de la flamante “campaña anticipada”[2],
la democratización de los partidos políticos, el sistema de selección de
candidatos a diputados y la forma en que la ciudadanía los elige, y control del
financiamiento privado a los partidos.
De la próxima reforma electoral,
obligada, deberá salir una fórmula jurídica certera para que se garantice los
derechos de las organizaciones políticas y de los candidatos, dentro de un
marco de reglas claras y generales, y que en su defensa solo puedan acudir,
excepcionalmente, a un tribunal externo al sistema electoral. La idea es que, contra
una resolución de la magistratura electoral, solo quepa el Amparo, directamente
ante la Corte de Constitucionalidad. La magistrada del TSE, Blanca Alfaro
citó recientemente, en reunión con fiscales partidistas, la idea de un tribunal
especializado en temas electorales, al recordar que por el lado del Ministerio
Público existe la Fiscalía de Delitos Electorales.
El fortalecimiento de la democracia
interna de los partidos debe incluir la garantía de participación de género en
sus órganos de dirección, fijando un sistema de cuotas que se irá cumpliendo
gradualmente, y como consecuencia directa, también en las propuestas de
candidaturas al electorado. Asimismo, se puede considerar la obligatoriedad de realizar elecciones
primarias para escoger candidatos, lo que también se relaciona con la forma de
elegir -lista cerrada o abierta-. También hay que eliminar los privilegios
partidistas como elegir candidatos a diputados y alcaldes, aunque el partido no
tenga organización territorial.
Por supuesto, el camino para aprobar reformas
electorales es azaroso, especialmente ahora que una alianza de partidos en el
Congreso se ha entronizado en el poder en ese organismo, y con profundas
ramificaciones y contactos en el Ejecutivo, el Organismo Judicial y otras
instituciones, para aprovecharse de los recursos públicos, sin que sean perseguidos
por la justicia. En estas circunstancias es obligada una pregunta: ¿Cuánto
están dispuestos estos políticos a votar a favor de las reformas electorales?
Durante la próxima legislatura 2024-2028, las bancadas mayoritarias serán las
del oficialista Vamos, con 39 diputados, la Unidad Nacional de la Esperanza con
28, y el Movimiento Semilla, del presidente electo, Bernardo Arévalo, con 23 diputados.
Antes de las elecciones, el
internacionalista Christians Castillo publicaba en la revista ANÁLISIS
de la Realidad Nacional, #242[3],
un artículo sobre el agotamiento del sistema electoral guatemalteco, por lo que
propone su refundación; es decir, ya no más remiendos o parches, aunque esta
propuesta es “palabra mayor”, pues conllevaría una reforma constitucional,
incluso, menciona convocar a una Asamblea Constituyente.
Los tiempos políticos que estamos viviendo
no son propicios para una reforma de esa envergadura, pero como algún analista
político habría dicho, más o menos, así: nunca las condiciones son las
apropiadas para el cambio, pero debemos provocarlas. Aunque en este caso sería un
sendero distinto, porque en lugar de reformas, se trataría de una nueva Ley
Electoral y de Partidos Políticos.
A los interesados en conocer la propuesta
de Christians Castillo, les dejo el LINK en la parte inferior de este artículo.
Jocotenango, 1 de octubre de 2023. Imagen tomada de Google.
[1]
Opinión personal. El autor ha
sido periodista. Es socio fundador de la Asociación IXIM, la cual realiza
proyectos de educación cívica para el desarrollo local, por medio de la
participación ciudadana.
[2]
Por cierto, existe en una la CC
un recurso para anular esa figura jurídica, por considerar que atenta contra la
liberta de expresión, al limitar acciones de los candidatos a distintos cargos
de elección popular.
[3]
Revista digital del Instituto de Problemas Nacionales de la universidad de San
Carlos -IPNUSAC-, 1-15 de abril de 2023, Guatemala.