Incierto e intranquilo fin de año se avisora.

¿Debe la justicia contribuir al bien común?

Ernesto Sitamul[1]

Estamos a mitad del mes de noviembre. Es el preámbulo para el inicio de la temporada de fin de año, en la que afloran los mejores sentimientos en la familia, los grupos de trabajo, las comunidades y la sociedad en general. Se despliegan promociones comerciales que fomentan el consumismo, con lo que se estimula el bolsillo de quienes tienen el privilegio de contar con un empleo fijo, que les permite contar, en diciembre, con un sueldo adicional. Es época de convivios, de regalos, de fiesta, y también de reflexiones sobre lo que hicimos bien, lo que dejamos de hacer, o lo que debemos mejorar para augurar, en lo individual y colectivo, un año venidero venturoso. En fin, hay muchas razones por las que algunos consideran que ésta es la época “más linda del año”.

Sin embargo, para la ciudadanía guatemalteca, consciente y activa, de la crisis política, agudizada después del sorpresivo resultado de las elecciones presidenciales, esta época dista mucho de las tradiciones y costumbres de sana convivencia. Un pequeño grupo que controla el poder desde hace siglos, ha cooptado organismos e instituciones públicas para afianzar sus privilegios, que conllevan abuso de poder, autoritarismo, corrupción e impunidad. Pero no saciados con eso, ahora pretenden robarse lo poco que nos queda de democracia. Y para ello quieren impedir la asunción al poder del binomio electo, valiéndose de cualquier argucia, con apariencia de legalidad.

La semana que concluyó el 18 de noviembre, el Ministerio Público dio muestras de que opera al servicio del pacto de corruptos, con una acción de antejuicio en contra del binomio presidencial electo, integrado por Bernardo Arévalo de León y Karin Herrera, y ordenó la estudiantes y profesores sancarlistas, así como periodistas, por haber sido de protestas o haber publicado críticas contra la forma como electo del rector de la universidad de San Carlos. Acusar a Arévalo delito de SEDICION, por sus opiniones en redes sociales, me parece que es una forma de ensañamiento en la persecución. Además, con sus dizque investigaciones, viola derechos de los electos, toda vez que éstos gozan de antejuicio.

Anteriormente, el MP fracasó en su intento por demostrar que hubo fraude en las elecciones generales. Allanó instalaciones y la sede del Tribunal Supremo Electoral, así como la sede del Movimiento Semilla. Y a pesar de que no encontró evidencias, por necedad “no se quedó con el pico cerrado”.

La nueva arremetida del Ministerio Público es grave, muy grave para la ciudadanía y la democracia guatemalteca, pues ahora judicializa a honorables ciudadanos, hombres y mujeres, por expresar sus opiniones en las redes sociales, ignorando que se trata de un derecho constitucional. La libertad de expresión está garantizada en la carta magna y en una ley específica, que, además, es de rango constitucional. Si no se detiene esta vorágine contra la democracia, Guatemala se convertirá inexorablemente al modelo dictatorial de Nicaragua, donde Ortega ha encarcelado a opositores políticos, sacerdotes y estudiantes universitarios. También ha cerrado unas dos mil organizaciones no gubernamentales y universidades, incluyendo a la Universidad Centroamericana.

Cuando la justicia no se inspira en el sistema jurídico y sus valores esenciales, deja de funcionar por una convivencia civilizada y el bien común, esto es, regirse por valores éticos y jurídicos, como la igualdad, la imparcialidad, la honestidad, la libertad, la equidad y la seguridad jurídica.

Recordando que el remolino judicial contra el binomio de Semilla comenzó desde que éste ganó su boleto para la segunda vuelta electoral, las más recientes acciones del MP, no dejan margen para considerar que haya paz y tranquilidad en la sociedad guatemalteca, durante la época “más linda del año”.

No me imagino cómo, aquellos que tienen el control de los poderes del Estado, pueden dormir con su conciencia tranquila, cuando saben que están abusando del poder, para enriquecerse de manera ilícita, y también porque pretenden violentar la voluntad popular, la cual se expresó de manera clara y contundente en rechazo al sistema corrupto e impune, que afecta el desarrollo de la mayoría del pueblo de Guatemala.

La ciudadanía consciente y crítica debe seguir atenta a las acciones del Ministerio Público, porque en la actual crisis política ya ha demostrado de lo que es capaz.

Cahaboncito, 19 de noviembre de 2023. Imagen tomada de Google.


[1] Opinión personal. El autor es periodista y socio fundador de Asociación IXIM, dedicada a promover educación cívica para construir ciudadanía y contribuir al desarrollo local.