¿Debe
la justicia contribuir al bien común?
Ernesto Sitamul[1]
Sin embargo, para la ciudadanía guatemalteca, consciente y activa, de la crisis política, agudizada después del sorpresivo resultado de las elecciones presidenciales, esta época dista mucho de las tradiciones y costumbres de sana convivencia. Un pequeño grupo que controla el poder desde hace siglos, ha cooptado organismos e instituciones públicas para afianzar sus privilegios, que conllevan abuso de poder, autoritarismo, corrupción e impunidad. Pero no saciados con eso, ahora pretenden robarse lo poco que nos queda de democracia. Y para ello quieren impedir la asunción al poder del binomio electo, valiéndose de cualquier argucia, con apariencia de legalidad.
La
semana que concluyó el 18 de noviembre, el Ministerio Público dio muestras de
que opera al servicio del pacto de corruptos, con una acción de antejuicio en
contra del binomio presidencial electo, integrado por Bernardo Arévalo de León
y Karin Herrera, y ordenó la estudiantes y profesores sancarlistas, así como
periodistas, por haber sido de protestas o haber publicado críticas contra la
forma como electo del rector de la universidad de San Carlos. Acusar a Arévalo
delito de SEDICION, por sus opiniones en redes sociales, me parece que es una
forma de ensañamiento en la persecución. Además, con sus dizque investigaciones,
viola derechos de los electos, toda vez que éstos gozan de antejuicio.
Anteriormente, el MP fracasó en su intento por demostrar que hubo fraude en las elecciones generales. Allanó instalaciones y la sede del Tribunal Supremo Electoral, así como la sede del Movimiento Semilla. Y a pesar de que no encontró evidencias, por necedad “no se quedó con el pico cerrado”.
La
nueva arremetida del Ministerio Público es grave, muy grave para la ciudadanía
y la democracia guatemalteca, pues ahora judicializa a honorables ciudadanos,
hombres y mujeres, por expresar sus opiniones en las redes sociales, ignorando
que se trata de un derecho constitucional. La libertad de expresión está garantizada
en la carta magna y en una ley específica, que, además, es de rango
constitucional. Si no se detiene esta vorágine contra la democracia, Guatemala
se convertirá inexorablemente al modelo dictatorial de Nicaragua, donde Ortega
ha encarcelado a opositores políticos, sacerdotes y estudiantes universitarios.
También ha cerrado unas dos mil organizaciones no gubernamentales y
universidades, incluyendo a la Universidad Centroamericana.
Cuando
la justicia no se inspira en el sistema jurídico y sus valores esenciales, deja de funcionar por una convivencia civilizada y el bien común, esto es, regirse por valores
éticos y jurídicos, como la igualdad, la imparcialidad, la
honestidad, la libertad, la equidad y la seguridad jurídica.
Recordando que el remolino judicial contra el binomio de Semilla comenzó desde que éste ganó su boleto para la segunda vuelta electoral, las más recientes acciones del MP, no dejan margen para considerar que haya paz y tranquilidad en la sociedad guatemalteca, durante la época “más linda del año”.
No me
imagino cómo, aquellos que tienen el control de los poderes del Estado, pueden
dormir con su conciencia tranquila, cuando saben que están abusando del poder,
para enriquecerse de manera ilícita, y también porque pretenden violentar la
voluntad popular, la cual se expresó de manera clara y contundente en rechazo al
sistema corrupto e impune, que afecta el desarrollo de la mayoría del pueblo de
Guatemala.
La
ciudadanía consciente y crítica debe seguir atenta a las acciones del Ministerio
Público, porque en la actual crisis política ya ha demostrado de lo que es
capaz.
Cahaboncito, 19 de noviembre de 2023. Imagen tomada de Google.
[1]
Opinión personal. El autor es
periodista y socio fundador de Asociación IXIM, dedicada a promover educación
cívica para construir ciudadanía y contribuir al desarrollo local.