Mujeres y pueblos indígenas en
gobernaciones
Ernesto Sitamul*
Hasta la última semana de abril, el presidente
Bernardo Arévalo de León, logró completar 20 nombramientos de gobernadores
departamentales, de los cuales 15 son titulares y cinco suplentes.
De esta manera se espera normalizar el sistema de consejos departamentales de desarrollo (Codedes), el cual se vio afectado por varios asuntos espinosos, entre ellos la consabida injerencia de actores políticos, coludidos con proveedores y contratistas del Estado, que durante años se han aprovechado de los recursos públicos.
Esa injerencia es perversa, porque opera a la sombra o en privado, ejerciendo presiones indecibles sobre las decisiones de los representantes no estatales -sociedad civil, le dicen- en los Codede, quienes por mandato legal son los encargados de seleccionar las ternas de candidatos para gobernadores titular y suplentes en los 22 departamentos de la República.
La llegada de un partido de vocación democrática al
gobierno, generó muchas expectativas, lo cual trascendió positivamente en el
proceso de nombramiento de gobernadores, con un nutrido número de expedientes
de hombres y mujeres, como aspirantes a ser candidato. También se activaron
acciones ciudadanas de auditoría social, para vigilar el proceso de
conformación de las ternas de candidatos.
Cuando el mandatario ya tuvo en su poder las ternas, debía verificar si las y los propuestos reunían las calidades establecidas en el Artículo 113 constitucional, relativo a méritos de capacidad, honradez e idoneidad. Como consecuencia del ejercicio de esa facultad, Arévalo rechazó algunas ternas, lo cual no fue del gusto de ciertos actores políticos.
Entonces sobrevino un oleaje de cuestionamientos; unos
fundados y otros originados en intereses privados, acostumbrados a influir en
el nombramiento de estas autoridades distritales. A esta situación se suman
acciones legales ante la Corte de Constitucionalidad y una Sala Mixta Regional
de Apelaciones, en contra de tres nombramientos de gobernador, tal como lo
informa Prensa Libre + (https://www.prensalibre.com/guatemala/politica/acciones-legales-buscan-que-bernardo-arevalo-repita-designacion-de-gobernadores/).
Asimismo, falta por nombrar gobernadores titular y
suplente eEn terrn dos departamentos, Baja Verapaz y Retalhuleu. A estos Codedes se
les ha pedido presentar una nueva terna.
Este proceso ha sido distinto de anteriores, con
bondades democráticas de participación ciudadana y regulaciones reglamentarias
para el ejercicio de la auditoría social. También se presentaron tropiezos,
algunos derivados decisiones apresuradas de la autoridad convocante, y otros,
gestados por actores políticos que han pretendido -en favor de sus intereses-
colocar amiguetes o socios en las gobernaciones.
Tres grandes méritos hay en los nombramientos en 20 departamentos: a) el énfasis en la idoneidad y compromiso de las y los designados con la transparencia y combate a la corrupción, b) la notoria participación de mujeres en el cargo de titular, en nueve de 15 gobernaciones, así como cinco de suplente -los otros cinco titulares son hombres-, y c) la designación de hombres y mujeres de organizaciones de indígenas.
Los 20 nombramientos se pueden agrupar en dos, los
designados con base en las ternas de los Codedes -algunas devueltas por el
mandatario, por supuesta falta de idoneidad de los candidatos y su retorno con
los mismos candidatos-, y los nombrados con base en la lista de general aspirantes.
En cinco departamentos solo hay designado gobernador
suplente: San Marcos, Santa Rosa, Zacapa y Chiquimula. Los tres primeros son hombres.
Apuros legales y presiones
Luego de la convocatoria y el proceso de selección de
candidatos, el mandatario debía tener el 1 de marzo, las ternas de candidatos a
gobernadores titular y suplente. Posteriormente, estudiar los expedientes
respectivos, verificando la idoneidad.
La mayoría de ternas fue rechazada por el Presidente
de la República, y devuelto los expedientes a los Codedes, para integrar una
nueva terna, buscando que los candidatos propuestos “gocen de la confianza
pública”, que amerita el cargo, explicó el mandatario a los medios de prensa.
Posteriormente, el 25 de marzo, el mandatario decidió
destituir a 17 gobernadores, con lo que se creó un vacío de poder, no solo en
las gobernaciones, sino en los Codedes. En estas condiciones, no había
autoridad legítimada para convocar a sesiones, donde se procediera a integrar
nuevas ternas. Esta situación fue una justificación utilizada por algunos
Codedes para no integrar nuevas ternas, excepto casos específicos como el de
Huehuetenango.
El problema se subsanó en abril, mediante una
modificación del Reglamento de la Ley de Consejos de Desarrollo (Acdo.
Gubernativo 49-2024, publicado en diario oficial el 9 de abril de 2024),
facultando a la delegación departamental de la Secretaría General de
Planificación -Segeplan- para poder convocar a los diversos actores de los
Codedes, en ausencia del gobernador.
Para entonces era tarde, porque vencía el plazo para
entregar las nuevas ternas de candidatos.
Así se llegó al pasado 26 de abril, cuando el Presidente Bernardo Arévalo nombró a la mayoría de gobernadores. Varios de las y los designados no figuran en las ternas preparadas por los representantes no estatales en los Codedes. Según la publicación de la Secretaría General de la Presidencia, esta decisión se basa en criterios de la Corte de Constitucionalidad, expresados en la sentencia contenida en el Expediente 4241-2022.
Sin embargo, la magistratura de la CC, de hace diez
años, emitió una sentencia en la que obligó al mandatario de ese tiempo a
nombrar gobernadores, a personas que figuraran en las ternas (Expediente
1539-2017, de fecha 5 de julio de 2017).
En las imágenes, arriba, la gobernadora titular de Sacatepéquez, María Angelina Aspuac, y a la derecha, gobernadora suplente, Escarlet Acajabón. Fueron proporcionadas por Comunicación Social de la Gobernación.
Antigua Guatemala, 3 de mayo de 2024.
* Opinión
personal. El autor ha sido periodista en radio, prensa y televisión. Socio
fundador de Asociación IXIM, para contribuir al desarrollo local por medio de
la educación cívica.