Alcaldes insensibles ante grave deterioro ambiental

El país de incumplir las leyes

Ernesto Sitamul

Las normas jurídicas, comenzando por la Constitución de la República, están encaminadas a garantizar el bien común, en condiciones de respeto y dignidad a los habitantes de un país o comunidad. Por eso, la importancia de que esas normas sean aprobadas, luego de un proceso de socialización con liderazgos e instituciones afectadas o interesadas.

Sin embargo, en Guatemala se ha llegado a extremos de incumplimiento de leyes y reglamentos disposiciones específicas y ordenanzas municipales, lo cual solo abona a cimentar una especie de cultura de ilegalidad (anticultura), por lo que las relaciones entre gobernantes y gobernados se vuelven más complejas. Y esto es aún más grave, porque el comportamiento de los adultos constituye el espejo o referente de conducta para las actuales y futuras generaciones.

Cuando el incumplimiento de las leyes se vuelve normal en la conducta de los funcionarios públicos, estamos frente a un serio problema para la gobernanza de la sociedad en general y de los vecinos del municipio en particular.

Los malos ejemplos abundan. Pero solo me referiré a algunos relacionados con el medio ambiente. Los científicos han determinado cinco causas principales del calentamiento global de la tierra, entre las cuales figuran RESIDUOS, como las aguas negras o los desechos sólidos como la basura.

* En Guatemala, desde el año 2006 existe el Reglamento de las descargas y reuso de aguas residuales y de la disposición de lodo, por el cual las municipalidades están comprometidas y obligadas a construir plantas de tratamiento de aguas residuales o aguas negras. A falta de tratamiento, dichos residuos va a parar ríos y lagos, así como el manto freático, generando la consiguiente la contaminación.

Y a pesar de ello, cada dos años se ha venido postergando esa tarea, con la complacencia de distintos gobiernos. Este año se volvió postergar, ahora con la complicidad de la Corte de Constitucionalidad, otorgó amparo provisional a la Asociación Nacional de Municipalidades. El pasado 30 de mayo, los alcaldes tenían la obligación de entregar estudios diagnósticos sobre el tratamiento que darán a las aguas negras de su municipio.

* Otro caso que también involucra a los alcaldes es el Acuerdo Gubernativo 164-2021, que dio vida al Reglamento para la gestión integral de los residuos y desechos sólidos comunes. Desde el año pasado (2023) tenía que haberse iniciado la clasificación secundaria de la basura y conexos, pero por intereses políticos, Giammattei pospuso el inicio de esta etapa a febrero de 2025.

Pero se corre el riesgo de volver a incumplir. No existe información disponible al público sobre el estado actual de los preparativos que tendrían que estar haciendo las municipalidades. Para dar certeza a este proceso, cada municipalidad debe emitir un reglamento.

Jocotenango, un pequeño municipio de menos de nueve kilómetros de territorio, todavía no cuenta con dicho instrumento legal. Los vecinos que pagan el servicio de extracción de basura domiciliar NO están clasificando su basura en orgánica e inorgánica, y tampoco los empresarios de la recolección de basura se los están exigiendo.

** En Antigua Guatemala, un reglamento sobre la materia fue aprobado en la sesión del concejo municipal, con fecha 3 de octubre de 2018, según Acta No. 88-2018 (Resol. UAI No. 186-2024), durante el período de la alcaldesa Susana Asensio, pero nunca se publicó en el diario oficial, por lo tanto, no está vigente. Pero en esa época todavía no existía el Reglamento de clasificación de basuras, el cual data de 2021.

En cambio, el siguiente alcalde, del Pozo Coronado, incumplió su responsabilidad, con la venia de síndicos y concejales.

Ahora, quien le sucedió en el palacio municipal, Asturias Sueiras, tampoco ha hecho nada en favor de la clasificación de los desechos sólidos comunes, por lo menos hasta mediados de junio de 2024, pues cuando pregunté por el reglamento municipal, la Unidad de Acceso a la Información solo me proporcionó uno que fue aprobado en 2018, pero que no cobró vida jurídica.

Estos dos casos son muestra de que las autoridades municipales lucen insensibles ante el acelerado deterioro del medio ambiente, pero también lo son los vecinos (consejos comunitarios de desarrollo y organizaciones de sociedad civil) quienes no ejercen sus derechos, demandando a los alcaldes que hagan su parte.

A manera de conclusión

1.      Al paso que caminan las administraciones municipales, es muy probable que, en materia de clasificación de la basura, por enésima tendrá que postergarse la clasificación secundaria.

2.      La situación actual es desastrosa, porque ahora mismo ni siquiera se está clasificando la basura en orgánica e inorgánica.

3.      Conozco el proceso que está llevando a cabo el jefe de la Unidad de Gestión Ambiental (UGAM) en Jocotenango. Está por concluir la elaboración del proyecto de Reglamento Municipal, el cual será socializado con dirigentes de los siete consejos comunitarios de desarrollo y otros actores locales, para luego elevarlo a consideración del Concejo Municipal, por medio del jefe edil.

4.      En este proceso también deberían estar involucrados los concejales Alejandro Nistal y Víctor Coroxón, quienes integran la comisión que atiende el tema ambiental, así como los empresarios de la extracción de basura.

Xocotenango, 16 de junio de 2024. Imagen de google, con fin ilustrativo.