La ética en la inversión pública
En la teoría, actores públicos, privados y sociales,
parecen estar de acuerdo con la demanda de que los gastos se deben ejecutar de
manera correcta, anteponiendo cualquier interés colectivo por encima de
intereses particulares u oscuros. Digo que “parece”, porque en la práctica la
conducta de esos actores cambia tanto, que hemos llegado a extremos
polarización de la sociedad, en torno del combate a la corrupción.
Tan extremo y radical es el abordaje de ese tema, que
hay grupos interesados en sembrar la narrativa de que el asunto es ideológico,
cuando en esencia no es así. Porque, sin importar la ideología que profesen los
gobernantes de turno, tanto actores públicos, élites económicas y militares y
sociedad en general deberíamos abordar y empujar campañas masivas de combate a
la corrupción, que tanto daño le hace a la mayoría de la población, mientras
pequeños grupillos de funcionarios y empleados públicos se apropian en los
recursos públicos, engordando sus cuentas bancarias, en Guatemala y el
extranjero.
¿Por qué se ha extendido la corrupción?
La corrupción en la administración se ha desbordado
por diversas causas, entre otras -y talvez la más importante- el régimen de
impunidad o falta de castigo en la persecución penal, a cargo del Ministerio
Público, y la consiguiente falta de aplicación en el sistema judicial.
El actual gobierno, cuyos líderes y funcionarios
sobreviven a la despiadada judicialización del MP, impulsa dos acciones
concretas para atacar la corrupción desde la administración. Por un lado, el
fortalecimiento de la Comisión Nacional contra la Corrupción-CNC- y la puesta
en vigencia del Código de Ética (Acuerdo Gubernativo 62-2024). Ambos
instrumentos y acciones solo tienen aplicación en las instituciones y
dependencias del Organismo Ejecutivo -OE-.
¿Se puede aplicar a inversiones municipales?
Lo novedoso en el caso del dicho Código es que también
abarcará escenarios donde aparecen empresas privadas y municipalidades, como es
el caso de las inversiones vía el sistema de consejos de desarrollo -Siscode-.
En cada departamento, el o la gobernadora, en su calidad de presidente del
Consejo de Desarrollo -Codede- deberá incluir principios éticos que vinculan a
los contratistas y alcaldes municipales en aquella obras o adquisiciones que se
realicen con fondos provenientes del Siscode; es decir que no se trata de
fondos propios de las municipalidades, por aquello del “celo perverso” de la
flamante autonomía municipal.
La sociedad tiene legítimo derecho de exigir conducta ética a los funcionarios y empleados públicos, electos o no, porque así lo establece la Constitución Política de la República de Guatemala (Art. 113), así como la Ley de Probidad. Y con mayor razón los ciudadanos deben exigirlo, porque estos actores manejan recursos públicos, provenientes del pago de impuestos.
El Diccionario de la Lengua Española (actualizado
2023) en su acepción 4. F, señala: Ética es el conjunto de normas morales
que rigen la conducta de la persona en cualquier ámbito de la vida. Es decir,
no solo se refiere al comportamiento en la esfera pública. Aplica a la vida
profesional, empresarial, militar, partidista y en el desempeño de la función
pública.
¿Debe irse del discurso a la práctica?
En el reciente Encuentro Nacional de Empresarios
-Enade- se habló entre las principales demandas la probidad en la función
pública, la certeza jurídica, la transparencia y el desarrollo de la tecnología
en el gobierno electrónico. También se argumentó todo ello servirá para atraer
más inversión extranjera.
Otro sector del empresariado, la Cámara de Industria
de Guatemala -CIG- lleva a cabo desde hace varios años un programa de
integridad, con el cual no solo promueve buenas prácticas entre sus asociados,
sino extiende su divulgación hacia diversas organizaciones de sociedad civil.
Desde el ámbito público, la Contraloría General de Cuentas -CGC-, declaró 2021 Año de la Ética, que debería observarse en todos los sujetos públicos, entre los que figuran las municipalidades, conforme a la Ley Orgánica de la CGC. En su Acuerdo también recomendó a los concejos municipales crear una comisión interna para promover buenas prácticas en la ejecución de los recursos públicos.
¿Puede apoyar la ANAM prácticas éticas?
En consonancia con las acciones citadas, para prevenir
la corrupción, bien haría la Asociación Nacional de la Municipalidades -ANAM-
en lanzar su propio código de ética, y promoverlo entre las 340 municipalidades,
con actividades capacitación y darle seguimiento, porque de lo contrario, esto
que es tan popular ni bien visto entre alcaldes, fácilmente caerá en “saco
roto”.
En 2022 pregunté a la comuna de Jocotenango, sobre el
programa de la CGC, y la respuesta fue negativa: no existe la tal comisión. Pregunté
en forma individual a un par de concejales, y me confirmaron lo anterior y
también me confesaron que “ese tipo de temas no es de interés para el alcalde”.
Mis conclusiones
1.
La promoción de la ética pública debe comenzar desde la niñez, en el hogar y en
los centros escolares. Por eso, propongo al gobierno que encabeza el presidente
Bernardo Arévalo de León, declarar 2026 Año la Probidad, y cuyas acciones
estarían a cargo del Mineduc, quien podría contribuir a que los graduados en todas
carreras realicen ese año su seminario o temario de graduación sobre el tema
probidad en la administración pública.
2. Suscribir una Carta de Entendimiento con la Contraloría General de Cuentas, para relanzar el uso del libro Semillas de Transparencia, que -seguramente- el gobierno anterior mandó al “frío sótano de los archivos”. Imagen de Google, editada.
San Bartolomé Jocotenango, 20 de octubre de 2024.