Si los alcaldes lo hacen, nosotros ¿por qué no?
Estamos en la época de regalos, convivios, aguinaldos,
bonos sindicales, saludos por doquier, mensajes de buenos augurios. Por esto y
más, algunas personas le llaman a diciembre, el más más lindo del año.
En fin, el jolgorio y la compradera se apodera de
muchos, aunque después de la resaca de estas fiestas, habrá quienes se “truenen
los dedos” ante la avalancha de compromisos ineludibles en enero, por lo que se
le suele llamar “el mes más largo del año”.
Pero volviendo al mes más lindo del año, los diputados se despacharon con “la cuchara grande”. No solo se incrementaron el salario mensual en casi el doble (de 29 mil quetzales a más de 51 mil), sino que se recetaron un privilegio inmerecido como es la indemnización, cual trabajadores rasos, que laboran ocho horas diarias, de sol a sol, sin tiempo necesario para su refacción, o verse obligados a la ingesta de comida chatarra.
Los 87 diputados -de 160- aprobaron el jugoso,
inmerecido, oneroso y abusivo privilegio, con el argumento de una supuesta “injusticia
social”, que les afectaba por ser “padres de la patria”, dignatarios" de la
nación. Compararon su sueldo con el de los magistrados judiciales, cuyos
salarios, dijeron, rebasan los 50 mil pericos mensuales.
Ese ingrato decreto fue aprobado en nocturnidad, en la
madrugada, cuando la ciudadanía dormía. Previo, es obvio que hubo arreglos entre
algunas bancadas y diputados, en rincones ocultos del palacio legislativo.
La comparación de los diputados con los magistrados,
por el tema salarios, en todo caso, es más cercana con los alcaldes, por ser
ambos militantes partidistas y electos directamente por el pueblo, para tiempo
determinado.
Algunos de ellos, si no la mayoría, de alcaldes se ha auto recetado incrementos y privilegios inmerecidos en salarios, dietas por sesiones ordinarias y extraordinarias, muchas de ellas, para solo aprobar acta o celebrar un acto cívico. Vergonzoso.
Además, los 340 jefes ediles disponen para su uso
personal gastos de representación y beneficios de vehículo, gasolina, celulares
de alta gama y, hasta pago de guardaespaldas.
Entonces, si los alcaldes lo hacen, ¿nosotros, por
qué no? se dijeron los pobrecitos diputados, ya agotados por una sesión
kilométrica. La comparación con los alcaldes no era sensata, ni políticamente
correcta. ¿Por qué? Porque los alcaldes son sus aliados en los territorios
autónomos que gobiernan como “gran cacique” y con estilo autoritario.
Con los jefes ediles hay que mantener la armonía,
porque ya viene el nuevo ejercicio fiscal, con un enorme pastel que ronda unos
12 MIL MILLONES de quetzales, en contratos con los alcaldes, por medio del
sistema de consejos de desarrollo.
El desgaste político importa poco
Es cierto que los nuevos privilegios no fueron
aprobados por una mayoría “calificada” de los 160 diputados. Lo ocurrido en aquella fría madrugada
del 27 de noviembre de 2024, aumenta el desgaste político y el desprestigio del Congreso, y abarca todos los diputados. Ese es el enorme costo para que los diputados de Semilla, hayan conseguido acuerdos para aprobar el presupuesto general de
ingresos de la nación, por más de 148 MIL MILLONES DE QUETZALES.
Asimismo, lograron una reforma a la Ley Contra la
Delincuencia Organizada -LCDO-, para impedir que el Ministerio Público y los
tribunales sigan manoseando esta norma, al aplicarla sesgadamente a los
partidos políticos, porque éstos funcionan bajo un régimen legal distinto: ley de
rango constitucional que, a la vez, constituye una ley de aplicación específica
a las organizaciones políticas.
Se ha dicho en otras ocasiones, como en el pretendido
aumento al bono político -pago a los partidos por cada voto válido en las elecciones
generales- que la “democracia tiene sus costos”, pero lo del incremento
salarial y la indemnización de los diputados no encuadran en ese concepto, no;
más bien son productos de la desfachatez, propia de politiqueros.
Esta decisión ha sido recurrida ante la Corte de
Constitucionalidad por Acción Ciudadana y el diputado José Chic, del partido
VOS. En mi opinión, no aliento mucha esperanza de que esta situación sea
revertida por el tribunal constitucional. Anterior a ésta, existen resoluciones
favorables a magistrados judiciales, otros funcionarios electos en segundo
grado, y alcaldes.
Lo triste es que todos esos privilegios no se corresponden con un desempeño probo de la función pública, ni con la realidad de los hechos. A pesar de elevados ingresos de magistrados, diputados y alcaldes, la corrupción sigue campeando, en perjuicio de los más necesitados.
¡Hasta cuando, Guatemala!
Jocotenango, 15 de diciembre de 2024. Imagen tomada Wikipedia.Pri