Jugosos e inmerecidos salarios
Los arreglos políticos entre los bloques legislativos para aprobar el presupuesto de ingresos de 2025 y otros temas, le han salido muy caro, carísimo, al pueblo de Guatemala. La debilidad de la bancada oficialista, Semilla, en el Congreso, ha sido aprovechada por políticos de pacotilla que han asaltado el poder para convertirse en los nuevos ricos, a costillas de la mayoría de la población guatemalteca.
A partir de febrero, los 160 diputados comenzaron a cobrar su “nuevo salario mínimo”, cuya base hasta enero pasado era de 29 MIL 150 quetzales, y ahora con el incremento alcanza los 46 MIL 700 quetzales. A este monto todavía hay que sumarle dietas por asistir a sesiones y otros ingresos por representación, llegando a sumar 60 MIL 300 QUETZALES mensuales. Esto significa que los guatemaltecos le pagaremos a los 160 diputados 127 MILLONES 296 MIL quetzales cada año.
Con justa razón, aumenta el desprestigio de la clase política, y también la desilusión de los votantes, pero, por lo visto, a estos políticos les vale madre todo lo que se diga de ellos. Este desgaste arrastra también a los 23 diputados de Semilla, aunque no hayan votado por el aumento, pero se hicieron los locales, nunca fijaron su posición institucional, de manera contundente. Y como reza el dicho: el que calla otorga.
Y todavía
quieren más plata
El
descaro de los diputados no tiene límites. El futuro cercano en la política
local pinta para peor este año, cuando el Congreso tiene entre sus prioridades
aprobar las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, que incluye
aspectos contrarios a la probidad, la transparencia y la fiscalización de las
finanzas de los partidos.
En la reforma electoral en curso, hay diputados que proponen y apoyan, con total cinismo y descaro, un aumento a la deuda o bono político. La propuesta es elevar de dos dólares a cinco por voto válido recibido en las elecciones generales, cuando hayan obtenido el 5% del total de votos válidos emitidos, o que el partido gane una diputación.
En
cambio, nada proponen para rendir cuentas a la ciudadanía sobre sus
comportamientos dentro del Congreso. Nunca he sabido que un diputado distrital
de Sacatepéquez, por ejemplo, rinda cuentas y explique las razones de su
conducta pública a los votantes, quienes, seguramente, serán visitados cuando se
acerquen las siguientes elecciones generales. Es un verdadero despropósito,
pero los electores, por lo visto, son olvidadizos y muy probablemente vuelvan a
votar por sus verdugos.
Partidos
millonarios
Por cierto, el año pasado el Tribunal Supremo Electoral realizó la primera de cuatro entregas a los 15 partidos de los 16 que ganaron curules en el Congreso, quienes recibieron más de 14 millones de quetzales por concepto deuda política o financiamiento público. La Unidad Nacional de la Esperanza -UNE- recibió más de 3.4 millones; Vamos más de 2.4 millones, mientras que Visión con Valores, Cabal y Valor recibieron cada uno más de 1 millón de quetzales. Otros que obtuvieron financiamiento político del Estado para el actual período fueron Unionista, Bienestar Nacional, Victoria, Todos, Partido Nosotros, Azul, Elefante, Compromiso, Renovación y Orden -Creo-, Urng y Cambio, estos dos últimos con un solo diputado.
Solo el Movimiento Político Semilla NO recibe un solo centavo por este concepto, debido a la suspensión antojadiza e ilegal dispuesta por el Ministerio Público, el juez penal Fredy Orellana, algunos magistrados de Sala, y con la venia de la magistratura de la Corte de Constitucionalidad. Esta ilegalidad es terrible precedente para la jurisprudencia guatemalteca, a la vez, es una verguenza para el foro de abogados, porque se ha manoseado una Ley de rango constitucional como es la Electoral y de Partidos Políticos, así como destruido la poca institucionalidad de la máxima autoridad electoral.
Dinero
malgastado
Con la reforma a la Ley Electoral y de Partidos Políticos -Lepp- en 2016, ciertamente mejoraron las regulaciones de fiscalización al financiamiento que llegan a los partidos, pero casi 10 años después, prácticamente nada ha cambiado. Además, se estableció una distribución presupuestaria para rubros de funcionamiento y de capacitación a las y los afiliados, aspecto que es objeto de fiscalización por el Tribunal Supremo Electoral, por medio de la unidad especializada.
En la reforma quedó establecido que a las actividades de formación y capacitación política le corresponde del 30% del total de la deuda política, pero a la fecha no existe certeza de que esté ocurriendo. Le he preguntado a personas afiliadas a partidos políticos a nivel municipal y me han confirmado que nunca han sido invitados a eventos de esta clase.
A
los caciques o dueños no les interesa que sus afiliados conozcan las leyes y
sean formados en teoría política, así como en los fundamentos filosóficos,
económicos y políticos en que se sustenta su plataforma programática, de la cual tengo duda de que exista en la mayoría de organizaciones partidistas. A los caciques no les interesa que haya liderazgo educado y crítico en sus
filas.
Nueva Guatemala de la Asunción, 4 de marzo de 2025. Imagen tomada de google.